Los acusados se enfrentarán a cargos penales por atentado contra la seguridad del transporte aéreo y siniestro en transporte aéreo, delitos relacionados con el accidente en el que se vio involucrada la aeronave.
Con matrícula PS-VPB, el aparato volaba desde Cascavel a São Paulo cuando se estrelló en la región de Vinhedo, y el informe preliminar del CENIPA permitió reconstruir la secuencia previa a la tragedia del vuelo 2283, difundida en septiembre de 2024. Según la Fiscalía Federal, las responsabilidades atribuidas a los acusados no solo tienen que ver con las circunstancias que provocaron directamente el accidente, sino también con las prácticas de gestión y mantenimiento adoptadas por la empresa antes del suceso.
Entre los doce acusados se encuentran miembros de la alta dirección de Voepass, así como personas que ocupan cargos de director y otros puestos de liderazgo que, según las investigaciones, participaron en decisiones relacionadas con las condiciones de funcionamiento y mantenimiento de la flota.
En el proceso penal también figuraban dos empleados que no ocupaban cargos directivos, pero que, según la Fiscalía Federal, tuvieron una participación directa en los hechos relacionados con el accidente.
Otras cuatro personas imputadas por la Policía Federal no fueron acusadas tras alcanzar acuerdos de no persecución penal con el Ministerio Público.
Reducción de costes y mantenimiento
La denuncia alega la existencia de prácticas internas de reducción de costos que, según la Fiscalía Federal, comprometerían los procedimientos de mantenimiento y la seguridad operativa.
Las investigaciones han revelado la falsificación de registros, reparaciones deficientes y el uso de componentes que carecían de calidad o trazabilidad adecuada. La Fiscalía Federal también afirma que se presionó a los trabajadores para que no informaran sobre ciertas fallas detectadas durante los vuelos o las inspecciones en tierra.
Según la Fiscalía Federal, este conjunto de acciones contribuyó al deterioro de las condiciones de seguridad operativa de la aerolínea, que ya había visto cómo la ANAC ordenaba la suspensión de sus operaciones en marzo de 2025.
Hielo y sistema antihielo
Según la fiscalía, los jerarcas de la empresa eran conscientes de que el modelo de aeronave carecía de la certificación del fabricante para operar en condiciones críticas de hielo. Aun así, el avión estaba programado para el vuelo entre Cascavel y Guarulhos, cuando existían varias alertas meteorológicas que indicaban la posibilidad de una formación de hielo severa a lo largo de la ruta.
La denuncia también señala problemas con el sistema antihielo de la aeronave. Según la Fiscalía Federal, los pilotos y directivos conocían estas deficiencias desde hacía al menos un año, pero la falta de registros oficiales de los incidentes permitió que el avión siguiera en servicio.
La combinación de las condiciones meteorológicas, las limitaciones operativas relacionadas con el hielo y los problemas con el sistema antihielo habrían contribuido a la pérdida de sustentación de la aeronave.
La acusación también vincula los delitos con el riesgo probablemente representado para los pasajeros y la tripulación en los tres vuelos inmediatamente anteriores operados por el mismo ATR 72-500. (Javier Bonilla)
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