El titular de esas instalaciones y el encargado de su gestión en exclusiva es la propia Aena, y así lo ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues es una empresa cotizada en bolsa.
Esto quiere decir que las competencias normativas, de supervisión y regulación de los aeropuertos de interés general corresponden únicamente al Estado. Existen ciertas contradicciones en relación a las competencias que tendría ese órgano bilateral, pues, mientras el Ministerio de Transportes afirma que carecería de competencias ejecutivas y no alteraría el régimen legal de funcionamiento de Aena, el “lehendakari” Imanol Pradales asegura que el País Vasco podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a sus aeropuertos, permitiendo participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas en esa materia.
El documento habla de una participación efectiva en la planificación estratégica aeroportuaria, que suscita dudas entre los accionistas y los mercados financieros sobre el alcance de lo pactado. Aena es propiedad en un 51 por ciento del Estado, mientras que el 49 del capital es privado y cotiza en Bolsa, y defiende que ese órgano solo puede ser consultivo.
Sería una aberración que, por intereses políticos, se intentara, por la palpable inestabilidad política para el mantenimiento de un Gobierno, alterar el régimen legal de Aena, su autonomía de gestión y el plan que fija inversiones y tarifas.
Por el interés de esa magnífica empresa española, muy bien gestionada actualmente y con una gran proyección internacional, que hace que sea el mayor gestor de aeropuertos del mundo, ese acuerdo se debería limitar a una mesa en la cual el Gobierno Vasco pueda opinar, proponer e intentar influir. Y nada más.
La decisión sobre inversiones, tarifas y estrategia tiene que mantenerse en los parámetros actuales, conservando unos equilibrios económicos cruzados que permitan conjugar el servicio público que ofrecen con la rentabilidad económica, pasando por enormes inversiones en infraestructuras.
Esto, una vez más, debería ser nada más que una escena de un teatro de cara a los votantes vascos, que haga que se crean que el acuerdo alcanzado supone un avance en el autogobierno, algo que constitucionalmente es ficticio, es decir, un relato más de los que ya estamos demasiado acostumbrados, en base a lo visible que son los aeropuertos y sus pasajeros. Pero estos, los transportistas y los inversores, lo que quieren es que el sistema siga funcionando como hasta ahora. Y funciona, además de por una buena gestión, porque hay integración entre los aeropuertos y no fragmentación.
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