Una jueza federal ha declarado la quiebra de Magnicharters, la aerolínea chárter mexicana que dejó de volar en abril, y ha ordenado inventariar de inmediato sus bienes para venderlos y pagar a los acreedores. La resolución se dio a conocer el 3 de noviembre de 2026 y abre la fase final del concurso mercantil de Grupo Aéreo Monterrey.
Tessy del Rocío Covarrubias, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México, abrió la etapa de quiebra a petición de las propias empresas y al apreciar un incumplimiento generalizado de pagos, con base en la Ley de Concursos Mercantiles. Radio Fórmula, que cita a Reforma, fecha la resolución el 30 de octubre.
La jueza encargó al síndico, la figura que asume el control del patrimonio de la empresa, que inicie «de inmediato» el inventario de libros, documentos, dinero en caja y bienes, estén en manos de la compañía o de terceros. Hasta que se designe a ese especialista, los administradores y directivos de las empresas tendrán las obligaciones de depositarios.
La resolución da cinco días a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para proponer síndico y otros cinco días hábiles al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para designarlo. Diario.mx añade que, al tratarse de un servicio público concesionado, la SICT tiene facultades para proponerlo y para autorizar la venta de bienes.
Una deuda de unos 38 millones de euros
La deuda total ronda los 800 millones de pesos, unos 38,3 millones. La cifra agrupa lo que la empresa debe a clientes, trabajadores y otros acreedores.
Solo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debe 80 millones de pesos (unos 3,8 millones de euros) por servicios como mostradores y arrendamiento de hangares. Diario.mx advierte de que la jueza no ha publicado la sentencia completa, por lo que no se conoce el detalle de los créditos ni de los acreedores.
El sindicato de trabajadores, Amtaascm, calcula que la aerolínea les debe 170 millones de pesos (unos 8,1 millones de euros) en salarios y prestaciones. Su secretario general, Alejandro González Forastieri, valora la quiebra como una buena noticia, pero admite que no se recuperará todo, y prevé que la revisión de adeudos no empiece hasta enero.
Del impago de salarios a la quiebra
La crisis se agudizó en diciembre de 2025 por la falta de pago de salarios, y un miembro de la tripulación llegó a tomar una aeronave en protesta. Grupo Aéreo Monterrey, propiedad de los hermanos Bojórquez Maza, anunció en abril de 2026 la suspensión total de sus vuelos y, semanas después, pidió voluntariamente el concurso mercantil para reestructurar su deuda.
Magnicharters informa. https://t.co/MVRMWYaAVR
— Magnicharters (@Magnicharters) April 12, 2026
La AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, actuó en paralelo. Tras una verificación mayor extraordinaria del 12 al 16 de enero de 2026, que detectó incumplimientos, suspendió las operaciones el 14 de abril como medida preventiva. El 29 de junio revocó el certificado de explotador de servicios aéreos, porque la documentación no acreditó las correcciones exigidas.
Antes de parar, la empresa, con unos 30 años en el mercado turístico, tenía tres aviones. Yahoo Finance los identifica como Boeing 737-300 y cifra la plantilla en unos 500 trabajadores. Según Diario.mx, la jueza autorizó en las últimas semanas extraer el combustible de las aeronaves, un proceso técnico necesario por razones de seguridad.
¿Qué pasa ahora?
La jueza dispuso que las filiales de Grupo Aéreo Monterrey, entre ellas la agencia de viajes Magnitur y la empresa de autobuses Magnibus, tramiten su quiebra en expedientes separados, y no en uno solo como hasta ahora.
Para los pasajeros, Profeco señaló como vía presentarse como acreedores en el expediente 46/2026. Según Pasillo Turístico, recuperar el dinero dependerá de los activos disponibles y del reconocimiento y la prelación de los créditos, de modo que la declaración de quiebra no equivale por sí misma a un reembolso.
El medio digital mexicano Fortuna y Poder prevé que la venta de activos comience a principios de 2027. El sindicato recuerda además que los juzgados cierran el 15 de diciembre, lo que, a su juicio, retrasará el arranque del proceso.
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