Defensa de Bolivia exige desbloquear el aeropuerto estratégico de Chimoré

La operatividad de los activos logísticos del Estado no puede quedar supeditada a las contingencias procesales de liderazgos personalistas. El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda, arremetió contra la parálisis inducida que afecta al Aeropuerto de Chimoré, catalogando como inaceptable que una de las infraestructuras aeronáuticas de mayor proyección técnica del país permanezca bloqueada o condicionada por la situación jurídica y a una eventual detención del expresidente Evo Morales

Para la cartera castrense, la subordinación de una terminal clave en el Trópico de Cochabamba a las garantías de impunidad de un solo individuo constituye un freno directo al desarrollo soberano y a la integración económica regional.

Asimismo, Ernesto Justiniano Urenda enfatizó que el Chapare posee un potencial productivo e inversor que hoy se encuentra "anclado" a la suerte de un dirigente que, tarde o temprano, deberá comparecer ante los tribunales de justicia

En este sentido, el titular de Defensa hizo un llamamiento directo a las Seis Federaciones del Trópico para activar un proceso profundo de renovación dirigencial, instando a las organizaciones sociales a desprenderse de dinámicas que arriesgan la paz social y a evitar escenarios de confrontación violenta ante los requerimientos de la ley.

Desde la óptica de la geopolítica interna, la reactivación plena de Chimoré como nodo logístico y comercial es vista por el Ejecutivo boliviano como un paso indispensable en la estabilización postconflicto que atraviesa la nación. 

La doctrina de defensa contemporánea dicta que el Estado debe consolidar de manera irrestricta su presencia en áreas críticas, garantizando que ninguna plataforma de transporte o telecomunicaciones quede rehén de facciones políticas. 

El desafío inmediato se centra en desmantelar estos enclaves de resistencia de corte caudillista para reorientar las capacidades instaladas hacia la competitividad, la atracción de inversiones y el estricto resguardo del orden constitucional.

En el diseño estratégico de una nación, el patrimonio de la defensa y la infraestructura pública pertenecen al pueblo; vulnerar su uso para blindar privilegios personales es un atentado contra la soberanía nacional.


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