Plus Ultra nació de la endogamia de gente que había fracasado estrepitosamente en la gestión de una aerolínea y que medró a la sombra de auténticos bravucones del sector turístico jugando con pólvora ajena y algún empresario hotelero e inmobiliario condenado por fraude.
El Ministerio de Transportes debería explicar cómo, después de los desmanes anteriores, permitió que esa gente mal gestionara el nuevo proyecto de compañía. Esos directivos pueden presumir de tener el récord de haber tardado más tiempo en conseguir el certificado de operador aéreo (AOC) y, además, con un minúsculo capital aportado por varios pequeños accionistas, que se comieron en esos largos años de ineptitud.
Plus Ultra comenzó por fin a volar, repitiendo errores del pasado e incluso se le suspendió temporalmente el AOC por deficiencias técnicas, algo que tampoco había ocurrido nunca. Y en esa más que precaria situación, que a nadie importaba porque seguía siendo irrelevante en el panorama del transporte aéreo español, algo ocurrió, tampoco explicado: tomaron el control empresarios venezolanos con doble nacionalidad española, que los medios de comunicación resaltaron que estaban vinculados al Gobierno bolivariano de Venezuela, con claros indicios de movimientos de dinero ajenos a la operación de la empresa y con, por lo que se está viendo en los medios de comunicación, extrañas motivaciones.
Y el Gobierno permite en la pandemia que se entreguen 53 millones de euros a Plus Ultra, justificándolo porque se trataba de una "empresa estratégica" para el sector turístico español, cuando en realidad su cuota de mercado rondaba el 0,1 por ciento y, al estar materialmente en una situación de causa de disolución mercantil, su tráfico se podía canalizar sin aspavientos entre otras aerolíneas. Claramente, se falseó la documentación que soportaba esa operación para poder cumplir con la tramitación, que nunca se debería haber considerado por su tamaño, deudas con la administración pública y que jamás había tenido una cuenta de resultados positiva.
En ese escenario, resultan hilarantes las voces que berrean con que esto es una falsedad, como otras muchas, para derribar al Gobierno. No está explicado cómo los empresarios venezolanos, cuando ya estaba claro que se avecinaba el escándalo, vendieron sus acciones y desaparecieron, adquiriéndolas el actual presidente, Julio Martínez Sola, desconociéndose el importe y de dónde obtuvo el dinero, suponiendo que alguien haya pagado algo por esto, pero seguro que la verdad al final prevalecerá. Como también está claro que Plus Ultra no ha devuelto ni un euro del rescate y también se sabrá a dónde ha ido a parar el dinero.
Deje un comentario