El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha citado a Zapatero a declarar como investigado el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Se trata de la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno se sienta en calidad de investigado en una causa de corrupción ligada a un rescate empresarial con fondos públicos.
El origen del caso se remonta al rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales canalizó hacia Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado para sostener compañías afectadas por la COVID. Aunque en 2023 un juzgado de Madrid archivó la causa sobre la legalidad del rescate, las alertas de las fiscalías de Suiza y Francia sobre posibles operaciones de blanqueo reactivaron la investigación en 2024 bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción.
Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal apuntan a que parte del dinero público se empleó para devolver préstamos de sociedades vinculadas a una red internacional de blanqueo con ramificaciones en Francia, Suiza y España y conectada con fondos de origen venezolano. La hipótesis de Anticorrupción es que Plus Ultra habría hecho un uso indebido de la ayuda, canalizando una porción relevante de esos 53 millones hacia entidades de la supuesta trama en el exterior.
Sobre esa base se construye la pieza política: el auto de Calama describe una estructura jerarquizada que habría operado en dos planos, uno administrativo y otro financiero. En la cúspide sitúa a Zapatero, que habría utilizado su agenda institucional y su acceso a altos cargos para influir en decisiones clave relacionadas con el rescate y con las autorizaciones operativas de la aerolínea en España y en Venezuela.
En el segundo escalón, el juez señala al empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente y responsable de la consultora Análisis Relevante, y al venezolano Aarón Fajardo, como figuras de confianza y enlace con los clientes de la red. El tercer nivel lo ocuparían la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, y el gestor Cristóbal Cano, encargados de la operativa diaria y de dar cobertura documental a los movimientos societarios y financieros.
Una parte significativa de la investigación se centra en el papel de Análisis Relevante, consultora que habría cobrado de Plus Ultra, de la propia aerolínea y de sociedades venezolanas y españolas, para luego transferir cantidades relevantes al expresidente y a la agencia digital de sus hijas, What The Fav. Los autos judiciales recogen pagos acumulados de casi dos millones de euros hacia el entorno familiar de Zapatero, canalizados mediante contratos de consultoría y asesoría estratégica.
La Fiscalía y la policía sospechan además de la creación de al menos una sociedad en Dubái, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al cien por cien por Idella Consulenza Strategica, controlada por Martínez. Idella firmó con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1 por ciento del rescate, es decir, unos 0,53 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 0,49 millones de euros, y la proximidad temporal entre ese acuerdo y la constitución de Landside alimenta la tesis de que la filial emiratí se concibió para recibir el pago y dificultar su rastro en España.
Los investigadores aportan también intercambios de mensajes entre directivos de Plus Ultra y miembros de la trama que darían cuenta de un acceso anticipado a información privilegiada sobre el desenlace del rescate. En esas conversaciones se alude al expresidente como “nuestro pana Zapatero” o “Grupo Zapatero” y se celebra que la ayuda estaba prácticamente concedida semanas antes de la aprobación formal por el Consejo Gestor del fondo y por el Consejo de Ministros.
La dimensión política del caso se ha disparado desde que se levantó el secreto de sumario. El Partido Popular ha exigido explicaciones al Gobierno y ha reclamado responsabilidades al situar el rescate de Plus Ultra dentro de un patrón de decisiones controvertidas de la anterior legislatura, mientras partidos como Vox reivindican sus querellas previas contra la operación. En el campo progresista, desde el PSOE y sus socios se subraya la presunción de inocencia y se denuncia una supuesta instrumentalización judicial en plena escalada de tensión partidista.
Zapatero, por su parte, ha difundido un vídeo en el que niega haber realizado gestiones ante ninguna administración en relación con el rescate, asegura que todos sus ingresos están declarados ante Hacienda y reivindica que jamás ha tenido sociedades mercantiles en España ni en el extranjero. El expresidente se declara dispuesto a colaborar con la Justicia y anticipa que ejercerá su defensa con firmeza cuando comparezca en la Audiencia Nacional el 2 de junio.
La aerolínea Plus Ultra, rescatada como empresa estratégica pese a su reducida cuota de mercado, sigue bajo lupa tanto por su situación financiera como por el uso de los fondos recibidos. Según datos oficiales, la compañía ha cumplido con el pago de intereses, unos 12 millones de euros, pero no ha devuelto aún el principal de los préstamos y negocia una reestructuración del calendario de amortización mientras la Justicia profundiza en el posible desvío de dinero hacia sociedades investigadas en Europa.
Mientras la instrucción avanza, el caso Plus Ultra se ha consolidado como un expediente emblemático sobre los riesgos de los rescates de emergencia y la permeabilidad entre política, negocios internacionales y financiación opaca. La declaración de Zapatero y el cierre de la fase de investigación marcarán el próximo hito de una causa que ya ha tenido un impacto directo en la estabilidad del Gobierno y en la percepción pública de los mecanismos de apoyo estatal a las aerolíneas tras la pandemia.
Deje un comentario