En 2016, el Poder Judicial uruguayo, en polémico fallo, estimó que los ejecutivos de Leadgate, procesados por su gestión en la empresa, no habían sido responsables por la desaparición de Pluna. Esto pudo reforzar el controvertido caso legal contra el gobierno uruguayo, que recibe ahora un fallo inapelable, por una mala gestión del período anterior, correspondiente al quinquenio (2010-2015) de José Mujica.
La cifra se divide en 30 millones de capital y el resto por intereses, los que, mensualmente se incrementan en medio millón de dólares, totalizando hoy 80 millones, de los 860 e intereses que este extraño fondo pretendía originalmente, antes de la defensa planteada por Uruguay, en un juicio, al menos curioso y extraño.
Una peculiar compañía panameña de inversiones había comprado, poco antes, esas acciones privadas de Pluna Lineas Aereas Uruguayas, o Pluna SA, la antigua aerolínea de bandera uruguaya y, a través del arbitraje, planteó, de forma bastante amañada, una compensación financiera por el presunto papel del Estado Uruguayo en la liquidación de la misma. Una dudosa práctica jurídico-contable que vulgarmente se define como un "pasamanos".
La firma Caballero Verde S. R.L. (Caballero) en 2018 tomó el control de Latin American Regional Aviation Holding Corp. (Larah), la compañía con sede en Panamá que era propietaria del 75% de Pluna hasta 2012.
Los anteriores propietarios de Larah fueron Chorus Aviation, tres exejecutivos argentinos de Leadgate, una empresa desaparecida de capital privado (PE) y otros inversionistas internacionales. Leadgate asumió la gestión de Pluna, tras el cierre de Varig, en 2007 (cuando el gobierno de Tabaré Vázquez prefirió esta opción al grupo Avianca, el otro interesado), perdiendo su participación en la aerolínea en el momento que el gobierno se hizo cargo de la aerolínea con problemas financieros en 2012 y la cerró.
La sociedad Caballero Verde compró la participación de cada antiguo propietario quedando al frente de Larah. Invocando un tratado de inversión entre Panamá y Uruguay pudo argumentar que el gobierno uruguayo desempeñó un papel central en la desaparición de Pluna en 2012.
Caballero demandó por daños y perjuicios por “cientos de millones de dólares”, citando el valor proyectado de la aerolínea hoy, así como para cubrir el valor de 7 aeronaves CRJ-900 -cuya compra fue una exigencia de Leadgate estando muy poco clara su necesidad real- que se vendieron en 2012 como activos primarios. Se cree que Caballero está controlada por Tenor Capital, una firma con sede en Nueva York con experiencia en el creciente campo de financiamiento de casos legales de inversionistas contra estados a cambio de diversas compensaciones.
Un portavoz de Chorus Canadá confirmó entonces que la compañía “ya no tenía interés” en Larah, pero se negó a dar mayor información, diciendo que los detalles de la transacción no son “información material”.
En el año 1936, Pluna fue nacionalizada en 1951, tras una serie de ineptos y deficitarias administraciones políticas hasta finales de 1972, cuando fue entregada a la Fuerza Aérea su gestión, lo cual resultó exitoso hasta el 20 de abril de 1985, equilibrándola y distribuyendo porcentajes de dinero por productividad a sus funcionarios. Posteriormente, parcialmente privatizada a Varig, entre 1990 y 1995, y se hizo efectiva la extinción de la empresa. En 2007, Uruguay llegó a un acuerdo -sin escuchar a otros interesados, como Avianca, por ejemplo- para adjudicar el 75% de Pluna a Leadgate (aunque, raramente, garantizando el 100% de sus operaciones) que se comprometió a invertir cerca de $ 180 millones en la aerolínea, mientras que el gobierno sostuvo el resto, aunque, extrañamente garantizando el 100 % de las compras de aeronaves propuestas por Leadgate. Chorus Aviation de Canadá, que entonces operaba como Jazz, hoy Jazz LP, invirtió $ 15 millones en Larah en abril de 2010, recibiendo un 33% de capital en la compañía tenedora.
Bajo Leadgate, la aerolínea aumentó su flota a 13 aeronaves Bombardier CRJ 900 (francamente sobredimensionada de acuerdo a las capacidades del modelo) la más grande de su historia, y estableció un récord anual de pasajeros en 2011. Aún así, los problemas financieros aumentaron rápidamente, por lo que la demanda de Caballero argumentó que las actitudes del gobierno jugaron un papel directo para evitar que la aerolínea se recuperase.
Entre las acusaciones destacan los principales problemas de flujo de efectivo provocados por cambios en los plazos de pago a la compañía petrolera estatal Ancap. Esta compañía estaba presidida por el posteriormente depuesto y procesado por corrupción expresidente de la República Raúl Sendic, quien luego debió conceder condiciones similares a líneas aéreas europeas. Dicha intervención estatal fue considerada tardía por algunos, por impedir a Leadgate u otros privados interesados, obtener líneas de crédito.
El entonces presidente uruguayo José Mujica manifestaba, a su vez, equivocadamente, su prisa en clausurar la empresa, para que, como exsocia del grupo Varig, no acabará siendo solidaria con las deudas del grupo brasileño, lo que era inexacto porque las mismas habían sido licuadas durante el gobierno de Lula para facilitar su polémica compra por Gol.
En junio de 2012, Leadgate, que, tras un errático y polémico accionar, creando incluso aerolíneas en la Argentina, sufría una gran pérdida de dinero, devolvía, por un dólar, su participación en Pluna al gobierno uruguayo.
“En el segundo trimestre de 2012, se anunció que Pluna tenía grandes dificultades financieras y que el gobierno uruguayo había tomado el control de la aerolínea, lo que le permitiría continuar operando”, dijo Jazz en un comunicado de agosto de 2012. “Todas las acciones en Pluna mantenidas indirectamente por Larah/Leadgate, incluida la parte de propiedad indirecta de Chorus, se colocaron en un fideicomiso con la Bolsa de Valores de Montevideo a cambio de ciertas condiciones e indemnizaciones del gobierno uruguayo”. La compañía canadiense registró $ 16.4 millones de dólares por dicha gestión como resultado.
Pocas semanas después de que Leadgate entregase su participación en Pluna al gobierno, la aerolínea, que enfrentaba duras amenazas de huelga, se declaró, apresuradamente en bancarrota y fue cerrada. Sus activos, incluidos siete Bombardier CRJ900 (los otros seis se devolvieron al fabricante, pues estaban en leasing) y derechos de ruta, se liquidaron en unos meses, tras un falso remate convocado por el entonces gobierno de José Mujica, quien había optado por crear, junto al sindicato de Pluna, una inviable aerolínea sindical (Alas U), que voló 8 meses y también se fue a la bancarrota con pérdidas totales.
