La Suprema Corte de Justicia de México decidirá si se construye el aeropuerto civil-militar de Santa Lucía

La guerra judicial entre los opositores a la construcción del aeropuerto civil-militar de Santa Lucía y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó su clímax con la decisión del juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, quien finalmente revocó los amparos promovidos por grupos civiles para impedir la construcción de la terminal aérea.

Ante tal determinación, el colectivo de abogados que han promovido cerca de 150 amparos para frenar la construir del llamado Aeropuerto de Santa Lucía (AISL) en terrenos de la Base Aérea Militar Número 1 (BAM-1) anunció que le ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga los demás amparos aceptados por el juez de la causa para que el máximo tribunal del país se pronuncie de manera definitiva sobre al respecto. Los abogados, agrupados en la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se pronunciaron tan pronto como el juez dio a conocer su decisión de revocar dos de los nueve amparos interpuestos y a los que él mismo les dio entrada hace unos meses.

El juez que conoció de los amparos le dio la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyos abogados, siguiendo órdenes presidenciales, presentaron un escrito en el que le informaban al juzgador que todas las instalaciones de la secretaría, y en especial la BAM-1, deberían ser consideradas como “instalaciones estratégicas” y que por tal motivo debían quedar protegidas en contra de instrumentos y mecanismos como los presentados por el colectivo de abogados. La Sedena invocó en su escrito a la “seguridad nacional” como argumento central para pedirle al juez que echara abajo los amparos, que los revocara ya que la construcción del aeropuerto es, entonces, un asunto de seguridad nacional por encontrarse en instalaciones militares.

Al anunciar su decisión de llevar el caso ante la SCJN, el colectivo recordó que en repetidas ocasiones el Presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con “exhibir” a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía (conferencia mañanera del 8 de julio).  Además, prácticamente a diario, como lo han constatado los medios de comunicación, funcionarios militares acuden al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, señalan los abogados.

Ante esta intervención desmedida, el Juez Quinto ha modificado su criterio y, a pesar de que otorgó en un inicio suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto, ahora niega las mismas con base en “nuevas” reflexiones jurídicas, explicaron en un comunicado.  “El día de hoy (8 de octubre) revocó una suspensión definitiva otorgada previamente en atención a que la SEDENA considera que el proyecto aeroportuario es una “instalación estratégica”.

En otras palabras, señalaron, “(el juez) estima que es válido el inicio de la construcción del aeropuerto por seguridad nacional, a pesar de que aún no existen estudios en materia de seguridad aérea y factibilidad aeronáutica, costo-beneficio, de impacto arqueológico-cultural y de impacto social”. Los abogados de MCCI, agrupados en el movimiento #NoMasDerroches, preguntan “¿No debería considerarse de seguridad nacional que un aeropuerto que recibirá a millones de pasajeros al año cuente con todos los estudios y permisos que exigen las leyes antes del inicio de la construcción de tan estratégica obra?”

Luego anuncian que “ante las presiones del Ejecutivo y la volatilidad e irregularidad en las decisiones de jueces y magistrados, #NoMasDerroches solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se haga cargo de resolver un asunto en el que se definirá el futuro de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de México”. No solo se trata de a construcción del AISL, sino de resolver sobre un litigio que marcará la pauta de actuación del Poder Judicial de la Federación ante cualquier otro proyecto de infraestructura cuestionable desde el punto de vista jurídico y potencialmente violatorio de los derechos humanos, señalan.

El colectivo asegura que este es un “asunto es de importancia y trascendencia nacional, pues dará oportunidad a la SCJN de pronunciarse respecto a:

  1. i) si se debe o no suspender el inicio de obras públicas de gran importancia cuando es evidente que no cumplen con los requisitos legales
  2. ii) si en el juicio de amparo el Poder Judicial está facultado para proteger a la Hacienda Pública y para velar que el gasto se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y

iii) si debe permitirse el peligroso precedente de privilegiar la “seguridad nacional” en obras públicas cuando esté en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal y a un medio ambiente sano.

La Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, 7 de octubre, para que conozca de las suspensiones definitivas que aún se encuentran vigentes –radicada bajo el expediente 654/2019–.

Los abogados adelantaron que en su momento se solicitará la atracción del recurso que se interpondrá en contra de la suspensión revocada el día de hoy.

Minutos antes de que se conociera la revocación de los amparos, el presidente López Obrador celebraba la pronta solución del caso, enfatizando que una vez que se salvaran todos los obstáculos legales restantes él mismo iría de inmediato a dar el banderazo para que comenzara ya la construcción del aeropuerto, el cual estará terminado en el 2021, aseguró. (Jorge Alejandro Medellín, México)

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