Ordenan detener las obras del aeropuerto civil-militar de Santa Lucía, en México

Las obras de ingeniería y los estudios del Plan Maestro que se llevan adelante en lo que será el nuevo Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles (AIGFA), que se construirá en la Base Aérea Militar Número 1 (BAM-1) de Santa Lucía, fueron suspendidas por orden de un juez federal. La razón: el gobierno no cuenta con los permisos correspondientes para iniciar las obras, ya que no ha presentado estudios de impacto ambiental, por ejemplo, vinculados al plan general de construcción.

La decisión fue tomada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ubicado en el Estado de México (entidad en la que se construirá la obra), luego de fallar en un amparo en el que particulares exigían revisar los detalles de la planeación y de la construcción, argumentando que ésta no cuenta con los permisos requeridos y tampoco con los estudios de impacto ambiental exigidos.

Aun así, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró la primera fase de las obras del AIGFA pasado 29 de abril, señalando incluso que ya se podría iniciar algunos trabajos, pero todo se haría en orden, conforme lo marcan las leyes.

En esa ocasión AMLO dijo que la obra no rebasaría los 100 mil millones de pesos (4 mil 524 millones, 376 mil 137 euros) y estaría terminada, en su primera etapa, en 2021, “con el Ejército como garante de presupuestos y tiempos”, aseguró. Lo anterior, porque el presidente de México y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó que sea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de su Dirección General de Ingenieros quienes construyan el AIGFA, pese a que los militares no tienen experiencia en la construcción de terminales aéreas civiles.

De hecho, la ceremonia del 29 de abril era oficialmente al de la colocación simbólica de la primera piedra de la obra del nuevo aeropuerto civil-militar, pero horas más tarde fue rebautizada como la del “Inicio de los estudios y trabajos preliminares en la base militar de Santa Lucía”. En marzo de este año el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Espriú, dijo en un evento que las compañías Aeropuertos de Francia y NabBlue, se encargarían de hacer el Plan Maestro y el estudio de aeronavegabilidad del AIGFA, respectivamente.

El Plan Maestro que lleva en varias fases la empresa Aeropuertos de Francia, tendrá un costo inicial estimado en cerca de 900 millones de pesos (40 millones, 719 mil 385 euros), y comprende al menos 12 estudios interdisciplinarios que deberán ser entregados antes de diciembre de este año para que las obras puedan ser iniciadas, aunque ya habían empezado.

Uno de los estudios es precisamente el de Impacto Ambiental. El encargado de coordinar los trabajos de Aeropuertos de Francia y NavBlue es el general Gustavo Vallejo, ingeniero militar con amplia experiencia en obras castrenses y a quien en el anterior gobierno se le encargó llevar adelante el proyecto de la mudanza de toda la Industria Militar mexicana para sacarla de la capital del país e instalarla  en el estado de Puebla.

El amparo concedido forma parte de un conglomerado de 147 instrumentos jurídicos de este tipo que han sido interpuestos por particulares y por organizaciones civiles que se oponen a la construcción del AIGFA. Una de ellas es Mexicanos contra la corrupción, la cual ha criticado constantemente la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), con lo que se perdieron más de 46 mil empleos y se frenaron millones de dólares en inversiones extranjeras.

El secretario de Comunicaciones reaccionó a la noticia sobre el amparo y aclaró que la construcción del aeropuerto no se ha detenido, porque no ha comenzado. Dijo que estará pendiente del curso legal que lleve el caso y que espera tener el estudio de impacto ambiental en este mes de junio. (Jorge Alejandro Medellín)

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