Descuento de residentes: doble caradura

Hace años se vivió un escándalo con consecuencias judiciales por fraude en el descuento de residentes, cuando compañías aéreas declaraban tarifas muy superiores a las cobradas para conseguir más subvención. Esto costó, entre otras razones, el cierre de Islas Airways en Canarias y un procedimiento contra Air Europa y sus administradores, que esquivaron causas penales abonando decenas de millones de euros. Pero el sector no aprendió la lección, gracias a la dejación del control por parte del Ministerio de Fomento.

Son ahora las comunidades autónomas las que exigen medidas para el control de los precios de los vuelos que se ven beneficiados por los descuentos de residentes, es decir, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, cuyo resto abona el Estado, ante el aumento de la subvención al 75 por ciento y la percepción del beneficiario de que paga mucho menos, derivando a una subida de tarifas escandalosa e inaceptable. Los gobiernos canario y balear solicitaron una reunión conjunta con el ministro del ramo para que aclare si las tarifas de las aerolíneas han subido injustificadamente.

Canarias exige medidas para el control de las tarifas con el apoyo de Baleares, con el fin de garantizar que las aerolíneas no aprovechen ese aumento de la subvención en los billetes de los residentes para subir las tarifas, mientras la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) no hace públicos los datos del observatorio que se creó en julio para detectar si las compañías elevan artificialmente los precios. La alarma saltó después que el Gobierno balear remitiera al Ejecutivo central varias denuncias de consumidores.

También entregó un estudio de la patronal de agencias de viaje de Baleares del precio de 4.500 billetes, que concluye que las aerolíneas que operan vuelos en esa Comunidad Autónoma –sobre todo las de bajo coste– han incrementado sus tarifas tras la entrada en vigor en julio de la subvención del 75 por ciento del coste del billete. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga a las empresas que operan vuelos entre las islas y la península para comprobar si se han producido incrementos injustificados.

El Gobierno de Canarias planteó hace meses a Fomento que exija a las aerolíneas que los usuarios no se identifiquen como residentes en las islas hasta el último momento a la hora de reservar los billetes. De esta forma, no habría dudas sobre si se alteran o no las tarifas en función de si el cliente cuenta con bonificación. El Ejecutivo canario mantiene viva su petición para que establezca la Obligación de Servicio Público (OSP) en los vuelos a la Península, con lo que se fijaría una tarifa de referencia, si bien Bruselas suele contemplar la opción de la OSP para garantizar la conectividad aérea, más que como una vía para controlar los precios.

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