Cataluña y el transporte aéreo

La locura del independentismo catalán ha afectado, como no, a algo tan sensible ante situaciones conflictivas como es el transporte aéreo, especialmente en su componente turística, que rehúye despavorido de los lugares donde puede tener complicaciones hacia otros más tranquilos. IAG, propietario de British, Iberia, Vueling, Aer Lingus, Iberia Express y Level, reconoció una caída de las reservas de vuelos hacia Barcelona, si bien no se planteó antes de la aplicación del Artículo 155 de la Constitución trasladar las bases que operan en el aeropuerto de El Prat.

Vueling y Level, allí enraizadas, obviamente fueron las más afectadas, pero el Grupo se mostró bastante optimista sobre el futuro, pues Barcelona es un destino muy popular. Está claro que IAG, con sedes sociales y fiscales que fundamentalmente giran en el eje de Madrid-Londres, observó la situación más bien desde el punto de vista de cómo afectaba al tráfico la deriva del Gobierno autónomo catalán, a diferencia de lo que ocurría con Volotea, que optó por trasladarse a Asturias, y Executive Airlines, que lo hizo a Madrid, en el contexto de las cerca de 2.000 empresas que optaron por cambiar sus sedes a otros lugares de España, fuera de Cataluña.

La deriva separatista obligó a reforzar la protección de infraestructuras del Estado, como es el caso de los aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, especialmente después que en el aberrante marco que se proclamó como legislación de transitoriedad hacia la supuesta república independiente catalana, se señalaba taxativamente que se expropiarían los bienes del Estado español en Cataluña. Ese es uno de los muchos puntos que reflejaban contundentemente la inviabilidad la independencia.

¿Bajo qué certificación y licencias pretendían operar la navegación aérea?; ¿con qué profesionales y titulación?; ¿bajo qué paraguas de normativa?; ¿con qué homologación de seguridad?; ¿bajo qué régimen de bilateralidad o multilateralidad fuera de la Unión Europea se establecerían los derechos de tráfico con otros estados?; ¿cuál sería la autoridad aeronáutica y cómo se reconocería a efectos de la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional) y de EASA (European Aviation Safety Agency), cuando ningún estado ni organización supranacional no controlada por la extrema izquierda estuvo dispuesta a reconocer esa fantochada?

Realmente es lamentable que se haya tenido que recurrir por primera vez al Artículo 155, pero realmente no quedaba ya otro camino y tenemos que reconocer que los partidos constitucionalistas y el Gobierno han actuado de la que creemos que era la mejor posible ante esta situación insólita e indeseable. Ahora una votación de verdad, las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, abrirán camino hacia un nuevo futuro, que esperamos que sea de integración, fraternidad, igualdad y sin exclusiones. Confiemos que pronto los tres aeropuertos comerciales catalanes estén otra vez repletos y los hoteles de esa maravillosa Cataluña llenos de turistas y personas de negocios y que esta pesadilla sea sólo una página negra de la historia, que nunca se debió escribir.

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