La privatización de AENA: la historia coninúa

 

El Consejo de Ministros aprobó el proceso para la entrada de capital privado en Aena Aeropuertos y arbitrará en este mes de julio un marco sobre niveles de calidad y condiciones mínimas de servicio, estándares de capacidad e inversiones y marco tarifario, que se revisará cada cinco años. En septiembre se elegirán los inversores de referencia y en noviembre se abriría el periodo de oferta, fijando el precio máximo para los inversores cualificados y minoristas y se iniciará la cotización de la sociedad. El Estado, lamentablemente, mantendrá la mayoría del capital, el 51 por ciento, y de la representación en el Consejo de Administración, pese a que las pretensiones del Ministerio de Fomento parece que eran mucho más lógicas: reducir la participación al 40.

 

El 28 por ciento se colocará en Bolsa mediante una oferta pública de venta y el 21 se licitará entre un núcleo estable de accionistas, seleccionados mediante un proceso de concurrencia. «El objetivo del Gobierno -dijo la ministro Ana Pastor- es mejorar la calidad del servicio del transporte aéreo para todos los ciudadanos; que todos tengan la oportunidad de viajar en servicios de calidad. La presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la compañía garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red».

 

«La nueva regulación y la transformación de Aena Aeropuertos redundará en un control de los costes y un incremento de la eficiencia, que permitirá un sector del transporte aéreo más competitivo, mediante un sistema tarifario que refuerce la posición de España en el mercado turístico», argumentó, mientras el presidente de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), José Manuel Vargas, enviaba al personal una carta asegurando que «se fortalecerá la red aeroportuaria y se garantizará la viabilidad futura; se posibilitará el desarrollo internacional de la compañía y se agilizarán y modernizarán los mecanismos de gestión en la empresa».

AENA ha entrado en rentabilidad por primera vez, con un beneficio neto de 597 millones de euros. Duplicó el resultado bruto de explotación de 883 millones de euros en 2011 a 1.610 millones en 2013. Mejoró la eficiencia en todas las áreas y recortó el gasto corriente en 255 millones, así como la generación de caja: de 511 millones negativos en 2011 a 847 millones positivos en 2013. En 2013 los aeropuertos españoles fueron utilizados por 188 millones de personas, pero terminaron con una deuda de unos 11.500 millones de euros.

Nos sumamos a la posición de entes consultivos sobre la competencia, que critican un proceso que, manteniendo la estructura de red y la mayoría del capital del Estado, da pocas esperanzas a que esto no sea más que una forma para que la Administración cuente puntualmente con un dinero jugoso, cambiando poco en la gestión, manteniendo ineficiencias y cortando la iniciativa de las regiones y del auténtico capital privado. En el fondo es lo que propuso hacer el ministro socialista José Blanco cuatro años antes.

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