La inconstitucionalidad de la liquidación de Pluna sumaría casi 400 millones de dólares a la voluminosa deuda externa uruguaya

La declaración de inconstitucionalidad de la ley especial de liquidación de la aerolínea Pluna (adelantada por airline92.com), por parte del máximo órgano jurisdiccional uruguayo, revive voluminosas deudas de la empresa por incumplimiento de contratos con pasajeros, agencias, bancos, consultorías, medios de comunicación y proveedores directos, a las cuales la norma pretendió dilatar o maquillar jurídicamente y que se aproximarían a los 400 millones de dólares, lo que excede ampliamente los bienes heredados de la empresa. Las actuales reclamaciones llegan a ir contra el Estado y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde sí hay solvencia. Por  todo ello se ha paralizado la venta o devolución de los últimos CRJ, parte de los cuales fue negociado  con el sindicato de Pluna en condiciones más que benévolas, y aún agregando el otorgamiento de un préstamo por, al menos, 15 millones de dólares al gremio, amén de otras facilidades financieras.

Los aviones deberían ser rematados a precio de mercado (aunque el gobierno, insólitamente, insiste en que estos CRJ-900 valen casi 18 millones de dólares cada uno, lo que excede cualquier cotización posible para aeronaves que tienen al menos 6 años ), junto a algún otro –insignificante- bien mobiliario.

Por otra parte, la excusa para cerrar abruptamente la aerolínea- el pasado 5 de julio de 2012- de supuestas deudas laborales de la vieja Varig por ser la antigua Pluna una empresa otrora parte del grupo, se ha demostrado falsa, y ningún juicio de volumen ha llegado por ese concepto al Uruguay, lo que , hasta el propio oficialismo reconoce que fue una exageración, la cual justificó, en realidad una feroz interna política entre el presidente Mujica y el presidente Astori, de talante más moderado, pero cuyo equipo fue el responsable, cuando era ministro de Economía, de haber concedido Pluna a Leadgate, ante el cierre de Varig, en 2006.

En los próximos días se materializará la decisión del senador Carlos Moreira y otros legisladores de la oposición de convocar al Parlamento a los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas, Fernando Lorenzo y Enrique Pintado, respectivamente, tras el contundente fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en relación a la ley 18.931 de liquidación de la ex empresa Pluna, que, irónicamente, fue planteado por el ex gerente de  marketing y testaferro del grupo extranjero Leadgate (cuya presencia, como uruguayo, aseguraba una ficticia mayoría accionaria nacional) Raúl Rodríguez, ex representante y director local en Madrid de la argentina  Southern Winds, cuando esta aerolínea fue sorprendida transportando cocaína en barajas. (Javier Bonilla)

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