El informe definitivo de la Administración Concursal confirmó los peores augurios sobre la quiebra de Spanair y certifica la mayor bancarrota en la historia de la aviación española. La compañía presidida por Ferrán Soriano, ex directivo del Fútbol Club Barcelona, acumula un pasivo de 571,8 millones de euros, a los que hay que sumar 72 millones de créditos y unos activos de apenas 52,4 millones, lo que supone un déficit patrimonial de 519 millones de euros. La compañía fue sostenida artificialmente por las administraciones catalanas, que invirtieron más de 200 millones. Este auto supone que debe presentar un plan de liquidación en 15 días y establecer los pasos a seguir para vender los pocos activos que son propiedad de la aerolínea. Los créditos contra la masa (entre los que se encuentran las indemnizaciones por despido de los empleados) generados durante la tramitación del concurso ascienden a la cantidad de 72 millones. La fase de liquidación, sin embargo, no supone ni el comienzo de las ventas de activos, ni el comienzo del pago de los créditos, ni la apertura de la sección de calificación del concurso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña advirtió de que no está asegurado que los acreedores de los créditos firmados con la empresa aeronáutica vayan a cobrar su aportación. Las primeras deudas en atenderse serán las generadas durante el concurso, después se atenderán las bancarias con prioridad –son las que tienen garantías con objetos físicos- y, luego, si queda dinero, el resto.
Spanair fue el feudo de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, aunque la que ponía el dinero era la escandinava SAS y fue vendida a entes soportados por la Generalidad de Cataluña y varias instituciones de la sociedad civil catalana, que querían crear una gran aerolínea de bandera de esa Comunidad Autónoma, que convirtiese al aeropuerto de Barcelona/El Prat en un gran ‘hub’ (centro de distribución de tráfico. Sin embargo, la estructura de la aerolínea y la fuerte competencia de las compañías de bajo coste acabaron con el proyecto nacionalista y la gestión no estuvo exenta de polémica. La Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona inyectaron dinero en la compañía a través de empresas públicas. El 30 de enero de 2012, Spanair presentó concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros y despidió a sus 2.075 trabajadores.
La quiebra de Spanair deja un agujero de 519 millones
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