Esto ya de por sí huele mal, teniendo en cuenta que este personaje con escasa formación tiene en su historial haber sido uno de los hombres de confianza del extravagante Herminio Gil, que fue vicepresidente de Globalia hasta que la familia Hidalgo prescindió de él. Fue también su mano derecha en la creación de Air Madrid/Alada Tours, que a los pocos meses del comienzo de sus actividades estaba en situación de quiebra, que se salvó al adquirirla un empresario mallorquín.
Estuvo al frente de un pequeño “call center” cuyo propietario era el empresario hotelero Fernando González, condenado por malas praxis fiscales junto a exsenadores vascos; y participó en la creación de Plus Ultra, cuyo nombre tiene reminiscencias a la ideología política de Martínez y que batió todos los récords de tiempo para conseguir el certificado de operador aéreo, que ya volando se le suspendió, aunque al poco lo recuperó.
Su trayectoria no da para que pase a ser el titular del 64,3 por ciento del capital de Plus Ultra, salvo que no valga nada. Este cambio, sorprendentemente, recibió el visto bueno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a finales de noviembre, al estar la aerolínea sujeta a supervisión por el incomprensible rescate público de 53 millones de euros recibido durante la pandemia. En ese momento, esa compañía no era ya nada en el mercado y no había tenido nunca beneficios, lo cual contradecía el espíritu de esos rescates.
Ese movimiento supuso la salida de los accionistas que controlaban Plus Ultra desde hacía seis años. Martínez Sola recibió las participaciones de Snip Aviation y Fly Spain, representadas por Rodolfo Reyes Rojas y Joaquín Olimpio Domingues Ferreira, ambos con nacionalidades española y venezolana, que abandonaron el Consejo de Administración.
Hasta entonces, Martínez apenas poseía un 1 por ciento del capital. El giro en la propiedad coincide en el tiempo con un procedimiento penal que ha devuelto a Plus Ultra a la primera línea informativa. El 11 de diciembre, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron su sede en Alcobendas en busca de documentación fiscal, en el marco de unas diligencias del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Allí detuvieron a Martínez Sola y al consejero delegado, Roberto Roselli, a los cuales se les retiró el pasaporte antes de liberarlos en unas diligencias que se encuentran bajo secreto del sumario. La investigación se centra en presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y malversación, con foco en el supuesto uso indebido de los 53 millones.
Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, parte de esos fondos públicos se habrían utilizado para devolver préstamos concedidos a Plus Ultra por sociedades vinculadas a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. Sostiene que procederían de actos de malversación en Venezuela vinculados a programas de reparto de alimentos y ventas de oro del Banco de Venezuela, entre otras cosas. Veremos qué pinta en todo esto el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus relaciones con el régimen dictatorial de Venezuela, que persiste pese a la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa.
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