Según informa el diario El Confidencial, esta decisión judicial responde a una demanda presentada por el fondo de inversión OperaFund, empresa maltesa que en 2019 obtuvo un laudo arbitral favorable contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. El laudo, dictado al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante cuando se realizaron los recortes retroactivos, obligaba al Estado a abonar 29,3 millones de euros en concepto de indemnización, cantidad a la que se suman 7,5 millones en intereses de demora.
Los derechos de cobro del laudo fueron posteriormente adquiridos por Blasket Renewable Investments, un fondo de capital con sede en Delaware, Estados Unidos, considerado uno de los acreedores más activos en la ejecución de sentencias contra España en este tipo de casos. Ante la negativa del Gobierno español a cumplir voluntariamente con el pago, el fondo inició una estrategia de ejecución en distintas jurisdicciones para localizar y embargar activos y créditos del Estado español.
En Bélgica, la reclamación se centró en los pagos que Eurocontrol, organismo europeo con sede en Bruselas, realiza periódicamente a Enaire por la prestación de servicios de control aéreo. Dado que estas transferencias se canalizan a través de cuentas bajo jurisdicción belga, los tribunales autorizaron su intervención cautelar. Como consecuencia, los 482,4 millones de euros han quedado bloqueados y no serán transferidos a Enaire mientras el procedimiento siga en curso.
Ann Frédérique Pothier, responsable jurídica de Eurocontrol, confirmó mediante una comunicación a la justicia belga que el organismo ponía a disposición del juez una deuda con el Reino de España a través de la estatal Enaire de un total de 482.408.457,17 euros, en concepto de tasas por servicios de navegación aérea. Estos fondos permanecen inmovilizados a la espera de la eventual resolución de los recursos que pueda presentar el Estado español, con vistas a su posible aplicación al pago de las deudas reconocidas judicialmente a los acreedores.
Este embargo constituye el tercero que Bélgica ejecuta contra España en el marco de estos litigios. En julio de 2025, un tribunal belga ya dio la razón a la energética japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, en un procedimiento similar que culminó con el bloqueo de más de 207 millones de euros en ingresos de Enaire. En aquel caso, la deuda pendiente ascendía a 106,2 millones de euros, más 9,4 millones en intereses. Un caso anterior, valorado en 77 millones de euros y promovido por el fondo RREEF, vinculado al grupo Deutsche Bank, también concluyó con un embargo dictado por la justicia belga.
En total, laudos desfavorables por menos de 200 millones de euros han derivado en el bloqueo de ingresos de Enaire por valor de 482,4 millones. Según informaciones de octubre, los pagos bloqueados por Eurocontrol rondaban los 200 millones; tres meses después, los ingresos embargados superan el doble de esa cifra.
Para frenar esta situación, Enaire contrató en octubre un despacho de abogados en Bélgica, país donde Blasket llevó el laudo para su homologación. En concreto, recurrió a Everest Law, un despacho especializado en arbitrajes y resolución de disputas internacionales.
Enaire, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente, ha explicado que esta medida es completamente ajena a su gestión y tiene su origen en un nuevo procedimiento arbitral en materia de energías renovables contra el Estado español. La empresa pública, propietaria del 51 por ciento de las acciones de Aena, es el cuarto proveedor de navegación aérea en Europa por volumen de tráfico aéreo y gestiona más de 2 millones de vuelos al año.
Los acreedores han logrado registrar y ejecutar los laudos en jurisdicciones clave como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica, desmontando de forma reiterada los argumentos de inmunidad soberana esgrimidos por el Estado español. El embargo de los ingresos de Enaire en Bélgica añade un nuevo elemento de presión financiera e institucional sobre el Estado, al afectar a un ente público estratégico y, de forma indirecta, al accionista mayoritario de Aena, una de las principales empresas cotizadas del país.
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