El texto establece una tasa del 5% sobre el precio del billete para vuelos nacionales y del 10% para vuelos internacionales, tanto para pasajeros de clase ejecutiva como de primera clase. En el caso de los aviones ejecutivos, la tasa será proporcional a las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), con valores de 90 dólares por tonelada en rutas nacionales y 180 por tonelada en vuelos internacionales.
Los fondos recaudados se destinarían al Fondo Nacional para el Cambio Climático. Al menos el 30% del monto sería para municipios con bajo desarrollo humano.
El incumplimiento de las normas podría resultar en una multa del 100% del importe adeudado, además de sanciones administrativas.
La iniciativa se inspira en proyectos controvertidos ya implementados o en debate en países como Francia, Reino Unido, España y Barbados. La propuesta establece que no habrá superposición con impuestos existentes.
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