Las pesquisas las dirige por indicación de la Audiencia Nacional el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba tiempo con el foco sobre Plus Ultra, vinculando a la aerolínea con una mafia de blanqueo de oro de Venezuela y ayudas sociales (subvenciones del chavismo para el reparto de alimentos), y la causa se mantiene bajo secreto.
Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevan meses tras los pasos de los dos máximos responsables de la compañía. A principios de este año, una acción internacional dirigida desde Suiza y Francia, investigaba una red de blanqueo internacional. Dicha red habría lavado una muy alta cuantía de dinero fruto de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos de la república bolivariana, en torno a los programas de distribución de alimentos básicos estatales, llamados CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), y ventas de oro del Banco de Venezuela.
Además, habría beneficiado a personas sobre las que pesan sanciones internacionales. Julio Martínez Sola, que se jactaba de ser amigo del exjuez Manuel García-Castellón y García-Lomas de la Audiencia Nacional, se hizo ya famoso por su pésima gestión en el desastre de Air Madrid, en la cual era el hombre de confianza y mano derecha de su presidente, José Luis Carrillo Benítez.
Esta polémica aerolínea con capital de personas próximas a la dictadura venezolana, tardó años en lograr su certificado de operador aéreo (AOC), que más adelante fue suspendido por irregularidades técnicas y posteriormente recuperado y fue sorprendentemente rescatada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI (Sociedad estatal de Participaciones Industriales) con 53 millones en 2021.
Algunas informaciones señalaron que fue la intervención directa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la que al final permitió que se hiciese ese rescate. Durante todo este tiempo han efectuado vigilancias para conocer sus pasos bajo un gran hermetismo.
La compañía había iniciado sus operaciones en julio de 2015 y un año después emprendió vuelos regulares entre Madrid e Iberoamérica. El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó esa ayuda financiera solicitada, desglosada entre un préstamo ordinario de 19 millones de euros, con vigencia de cinco años puesto a disposición el 18 de marzo de 2021, y un préstamo participativo por importe de 34 millones con plazo de siete años, puesto a disposición el 10 de agosto. Ese Fondo, vehículo gestionado por la SEPI y creado por el Gobierno en julio de 2020, con el objetivo de proporcionar apoyo público temporal a empresas no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, que se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19.
Plus Ultra en ese momento no tenía una mínima significación en el transporte aéreo es España y nula en la economía nacional, además de que no cumplía varios de los requisitos para ese rescate, comenzando porque nunca había registrado beneficios. El mismo juzgado ya investigó el controvertido rescate. Generó una fuerte polémica por la dimensión de la compañía, la opacidad del proceso y las dudas sobre su viabilidad, lo que llevó a periodistas y entidades a solicitar el expediente completo. SEPI lo denegó invocando confidencialidad, lo que originó un litigio. En aquella ocasión, la causa sobre la legalidad de la ayuda pública recibida por la compañía aérea fue archivada en enero de 2023 por la magistrada instructora, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
La jueza dictaminó que no se había justificado debidamente la comisión de delitos como malversación o prevaricación, desestimando las querellas presentadas. Sobre el archivo de la causa, la jueza Esperanza Collazos señaló que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se había agotado el plazo de doce meses previsto para el desarrollo de las pesquisas: “Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros, que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra”.
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