Ataire alerta del riesgo de fuga de compañías que trabajan en el sector de emergencias aéreas por la falta de rentabilidad, de pilotos y de técnicos de mantenimiento

En España, los medios aéreos de emergencias cubren tareas como el transporte urgente de enfermos y accidentados, el salvamento y rescate en mar y montaña, y la extinción de incendios forestales, colaborando tanto en el lanzamiento de agua como en el transporte de brigadas forestales. El mantenimiento de un helicóptero representa aproximadamente el 20 % de la facturación de estos servicios y, de los repuestos necesarios, el 50 % procede de Estados Unidos. Un arancel del 20 % sobre estos componentes implicaría un sobrecoste anual de entre 7 y 10 millones de euros, además de retrasos burocráticos que podrían paralizar actividades esenciales.

La formación de un piloto de helicóptero puede alcanzar los 100.000 euros sin ninguna ayuda pública, dado que se imparte en escuelas privadas. “Lo que no parece lógico es que los pilotos no tengan ningún tipo de ayuda pública, como tienen el resto de profesiones cuya formación está subvencionada”, critica Castejón en entrevistas concedida a La Razón. Esta carestía formativa, unida a contratos públicos cuya duración y presupuesto no se equiparan a los de países de nuestro entorno, provoca que operadores españoles con amplia experiencia opten por trasladar su actividad al extranjero.

El sector mueve alrededor de 350 millones de euros anuales en España y mantiene casi pleno empleo entre pilotos y mecánicos de aeronaves, pero la falta de relevo generacional amenaza con vaciar las cabinas y los talleres en los próximos años. “A la falta de pilotos, se suman la temporalidad y el sobrecoste de material”, alerta Castejón. El secretario general subraya que, sin medidas urgentes, “el futuro del servicio no está asegurado sin acometer medidas clave para pilotos y especialistas”. 

Para evitar la fuga de talento y el debilitamiento del servicio, Ataire propone la creación de un programa de ayudas públicas para la formación inicial de pilotos de helicóptero y técnicos de mantenimiento, donde las empresas asumirían entre el 25 % y el 30 % del coste de los cursos a cambio de compromisos de contratación. Asimismo, reclama la inclusión de cláusulas de actualización de precios en los contratos de hasta cinco años y políticas de colaboración público-privada que garanticen estabilidad y fomenten la innovación a largo plazo.