Los posibles acuerdos o prácticas concertadas para manipular licitaciones públicas de servicios aéreos en todo el territorio, con empresas distribuidas por todo el país y contratos con distintas administraciones (Estado, comunidades autónomas, etc.), afectaría a trabajos de prevención y extinción de incendios forestales, transporte sanitario aéreo y operaciones de búsqueda y salvamento (SAR). Lo que se investiga es la posible existencia de acuerdos entre competidores para repartirse contratos o coordinar ofertas en concursos públicos, que constituirían una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia.
Los contratos bajo sospecha han sido suscritos con el Ministerio para la Transición Ecológica para medios aéreos de extinción de incendios (“Servicio con medios aéreos de apoyo a las Comunidades Autónomas en la extinción de incendios forestales”), incluyendo helicópteros, aviones anfibios y unidades móviles de análisis, e incluyen lotes concretos de la licitación estatal de incendios donde Pegasus Aviación habría obtenido cinco de diez lotes, por unos 3,37 millones de euros. Avincis habría logrado el lote más cuantioso, para dos helicópteros de transporte y lanzamiento de agua, por unos 1,65 millones, presentando la única oferta y exactamente al precio máximo fijado en el pliego. Contratos autonómicos y otros concursos similares en prevención y extinción de incendios, transporte sanitario y salvamento se estarían analizando también como parte de un posible reparto de mercado.
La CNMC ha realizado inspecciones en las sedes de las empresas entre el 27 y el 30 de enero, con apoyo de las autoridades autonómicas competentes.Estas inspecciones son una fase preliminar, pensada para recabar documentación y correos, y no implican la incoación formal de un expediente sancionador ni una declaración de responsabilidad.
Si de la documentación e indicios se desprende la existencia de prácticas prohibidas, la CNMC podría incoar un expediente sancionador por cártel. Las infracciones muy graves pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de cada empresa infractora. Además de las multas, una eventual resolución sancionadora podría arrastrar consecuencias como la prohibición de contratar con la administración durante un tiempo determinado, conforme al régimen de la contratación pública.
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