La pesquisa corresponde a la Dirección de Fiscalización (DFI) del Indecopi y busca determinar si hubo incumplimientos de las normas de protección al consumidor y si se vulneraron los derechos de los pasajeros. El organismo asegura que atiende y orienta a los afectados desde que la aerolínea comunicó la suspensión de la ruta.
Entre sus exigencias, el regulador pide que la compañía garantice el reembolso de los billetes que correspondan, informe con claridad y a tiempo sobre las alternativas para seguir viaje y mantenga activos sus canales de atención. Para consultas, el Indecopi ha habilitado el WhatsApp Aeropuerto en el 985 197 624.
En su comunicado «Actualización Operativa Perú», Plus Ultra enmarca la suspensión en sus medidas de reestructuración financiera y operativa. Informa de que los pasajeros afectados recibirán aviso por correo electrónico; las compras en agencias de viajes se gestionan a través de la agencia emisora y las directas, en el portal de reclamaciones de la aerolínea.
Alcance de la sanción
El tope de 450 UIT equivale a 2.475.000 soles, según el comunicado, lo que supone una UIT de 5.500 soles, el valor fijado para 2026. Al cambio del 19 de noviembre de 2026 (3,7526 soles por euro), la cifra rondaría los 660.000 euros, una equivalencia aproximada.
Se trata de un máximo previsto, no de una multa impuesta: solo procedería si el Indecopi halla indicios de infracción del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Además, el organismo podría ordenar medidas correctivas, como devolver el dinero pagado por los billetes u otras que reparen el perjuicio causado a los pasajeros.
Contexto de la suspensión
La investigación llega tras la suspensión por parte de Plus Ultra, desde el 17 de noviembre de 2026 y hasta nuevo aviso, de su ruta a Lima, y hasta el 15 de diciembre de la de Buenos Aires. La aerolínea alega su reestructuración y el fuerte aumento de costes, en especial del combustible, y mantiene los vuelos a Caracas desde Madrid y Tenerife.
El recorte se produjo cuatro días después de que la compañía presentara, el 13 de noviembre, el preconcurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid. Regulado en el artículo 585 de la Ley Concursal, concede tres meses para pactar un plan de reestructuración, prorrogables otros tres, con protección frente a ejecuciones sobre bienes necesarios para operar.
A la vez, Plus Ultra ha comunicado su intención de tramitar un ERE y los sindicatos, prevé reducir más de un 61% las horas comerciales de vuelo regular. Su actividad quedaría centrada en Venezuela y en el servicio ACMI (alquiler de aviones con tripulación).
La aerolínea llega a este punto con un rescate público de 53 millones de euros por devolver. La SEPI, que lo concedió, figura como su principal acreedor.

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