La aerolínea española de bajos costes Volotea, con 1.350 empleados y 40 aviones, caracterízala siempre por su prepotencia y desprecio –emanados de la de forma de ser de uno de sus fundadores, Carlos Miñoz, que es su máximo responsable ejecutivo- hacia las otras compañías españolas, menos hacia Iberia, con la que acordó un paquete de trasferencia de rutas y “slots” (franjas horarias de operación en aeropuertos), que es una de las fórmulas que tiene para salvar su complicada situación financiera, aunque con el rechazado de todas las compañías aéreas a las que han preguntado las autoridades de competencia de la Unión Europea, se ha sumado a lista de peticiones de socorro al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Creó la aerolínea junto a Lázaro Ros, ambos fundadores de Vueling.
Tras las pérdidas que registró en 2020 y el actual ejercicio, en el que aún arrecia la crisis sanitaria sobre el transporte aéreo, la compañía, que anunció ampulosos planes de expansión, precisa dinero y pocas vías son más ventajosas que la de las ayudas públicas y ha solicitado hasta 185 millones de euros en un crédito participativo. Uno de los argumentos esgrimidos es la necesidad de reforzar su posición ante la fusión entre Iberia y Air Europa, que cada vez está menos claro que se materialice. Volotea ya obtuvo 150 millones de euros con aval del ICO (Instituto de Crédito Oficial) en julio de 2020 y el rescate, que no se puede calificar de otra manera, que ahora demanda, va a distorsionar severamente la competencia, según expertos del sector.. El Consejo Gestor del Fondo deberá analizar la situación económica y jurídica de la empresa, el impacto que ha sufrido por la Covid-19, su plan de viabilidad y las perspectivas de negocio.
Volotea debería depositar garantías de devolución de esta ayuda temporal y su gestión será supervisada por el Estado en lo que sean como decisiones estratégicas, aunque visto lo que está ocurriendo con las concedidas a Air Europa y Plus Ultra, los expertos de la Administración no parece que actúen con la debida y necesaria profesionalidad. La financiación de operaciones con cargo al Fondo es una intervención de último recurso, una vez que se ha demostrado la imposibilidad del beneficiario de mantener su actividad sin apoyo público. La empresa asegura que cerrará 2021 “mejor de lo previsto” y recuerda que su crecimiento anual acumulado ha sido del 26 por ciento desde su nacimiento en 2011, sin hacer referencia a sus pérdidas y que el verdadero plan era pegar otro “pelotazo” en bolsa, como hicieron sus fundadores con Vueling y que poco después estaba al borde de la liquidación, salida que hasta ahora no ha sido posible por su situación patrimonial y de cuenta de resultados.
El pasado mes de junio, Muñoz declaró que ese salto se perseguiría de nuevo en un plazo de dos a cinco años. En el capital conviven desde 2018 el equipo directivo y cinco fondos de capital riesgo: los estadounidenses Elysium y HRS Management, y los españoles Meridia Capital (dirigido por Javier Faus), Rijn Capital (engloba inversiones del empresario Rafael del Pino) y Rocinante, después de abandonar el proyecto otros y tener que encontrar otros. En realidad lo que busca el reequilibrio patrimonial con ese préstamo participativo, tras perder dinero en 2020. El reequilibrio patrimonial de unas cuentas afectadas por la pandemia pasa por su reconocimiento como estratégica, condición que dice cumplir “tanto por el número de empleos directos e indirectos que genera en España, como por el sector en el que opera. La aerolínea representa una alternativa de conectividad para millones de pasajeros europeos cada año, especialmente los insulares, que generan el 65 por ciento del tráfico entre marzo y octubre”, según Volotea.
La firma aclara que espera no tener que agotar los 185 millones si se los concede SEPI, que tiene también una petición de crédito de Air Nostrum, que está tardando mucho en resolver, especialmente tras el escándalo del rescate de Plus Ultra. También ha salido al rescate del grupo turístico Ávoris, con el que fusionó sus actividades de distribución Globalia, el dueño de Air Europa. El plazo máximo del consejo gestor para resolver esta nueva petición es de seis meses, contados desde la presentación. Si transcurre ese plazo sin resolución, se entiende que ha sido desestimada y cabe recurso contencioso-administrativo. De resolverse favorablemente, los directivos cobrarán la parte fija de la remuneración obtenida en 2019, quedarán prohibidas operaciones agresivas de crecimiento y se veta el reparto de dividendos.
El préstamo cubriría las necesidades operativas a largo plazo después de haberse ajustado el modelo operativo y la estructura de costes. Entre junio y septiembre operó 85 nuevas rutas y ofreció más de 3,2 millones de asientos. Muñoz, afirma que “tras una larga trayectoria marcada por el aumento de la actividad, la aerolínea afronta una situación que no es ajena al contexto del sector. Por ello, este crédito participativo permitiría reequilibrar el patrimonio y preparar a la compañía para su crecimiento sano en el largo plazo, así como estar en mejor disposición de afrontar las oportunidades que se nos presentan como consecuencia de la fusión Iberia-Air Europa”. Desde 2011 ha transportado a 35 millones de viajeros y tiene bases en 18 aeropuertos europeos: Su flota, es de 40 A319 y A320 alquilados.
Fotografía: Volotea se dio cuenta tarde de elegir como flota única desde el principio con los viejos y poco demandados Boeing 717. Su transformación a la familia A320 lacró más sus resultados.
