ALPERU (Línea Aérea de Bandera del Perú) será una sociedad de capital mixto, pública y privada, aunque será destinada por estos últimos, y operará desde la base aérea de Las Palmas, en el barrio limeño de Surco, bajo la modalidad de bajos costes, teniendo como base secundaria a Pisco. La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República del Perú tendría listo el dictamen final, que aprobaría el Proyecto de Ley 6153/2020-CR, que crea la Línea Aérea de Bandera de Bajo Costo del Perú. Se trataría de una asociación público-privada regulada por el Decreto Ley 1362, que se constituye como una de las modalidades de participación de la inversión, en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado, que garanticen servicios de transporte aéreo nacional e internacional.
Se implementaría, tras la aprobación de la Ley, mediante contratos a largo plazo, en los que la titularidad de las inversiones desarrolladas por el Estado que tendría el 35 por ciento a través de las regiones, podría revertirse hasta en un 30 al sector privado nacional, que podría poseer hasta el 95 por ciento del capital. El Estado tendría tres puestos en el Directorio, lo cual le daría seguridad jurídica respecto a los derechos contemplados en la Ley a los inversionistas privados y se gestionaría para que opere desde Las Palmas, de la misma forma que Argentina habilitó la Base Aérea de El Palomar, en las cercanías de Buenos Aires, para vuelos de bajos costes, convirtiéndose en la primera infraestructura para esos fines del Perú. Su funcionamiento no estaría sometido a la cláusula de monopolio, definida como incostitucional, del contrato del Estado con LAP (Lima Airport Partners) en la concesión del aeropuerto internacional de Lima/“Jorge Chávez”, que impide que funcione un nuevo aeropuerto en un radio de 150 km..
El aeródromo militar Las Palmas no es nuevo como aeropuerto, ya que recibía vuelos internacionales comerciales en la década de los sesenta, es decir, treinta años antes que se firmara el contrato de concesión con LAP , por lo cual no puede oponerse a su funcionamiento comercial. El dictamen dice que hasta que LAP cumpla con su obligación contractual de construir la segunda pista de “Jorge Chávez”, la nueva torre de control y el nuevo terminal, obras que debieron estar terminadas antes de 2020, se autoriza a que el Estado, a través de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) habiliten Las Palmas y gestionen el funcionamiento con tarifas aeroportuarias “low Cost” el de Pisco, en ambos casos para ser utilizados como base y sub-base de operaciones de ALPERU.
Según prosigue el dictamen, la construcción de la segunda pista, de acuerdo al contrato de concesión debió estar lista en 2012, pero el Ministerio de Transportes entregó los terrenos a LAP en 2018, por lo que estas obras debieron culminar en 2020, habida cuenta de la grave congestión que tuvo el aeropuerto de Lima hasta 2019, por lo que se tiene que habilitar Las Palmas para la operatividad y estacionamiento de las 30 modernas aeronaves que se quiere que tenga ALPERU, de las cuales 15 serían para atender el mercado doméstico y 15 para el internacional, con un mercado de más de 30 millones de pasajeros. Según fuentes vinculadas al proyecto, una importante aerolínea “low-cost” extranjera ya puso sus ojos para invertir en ALPERU, pues más de 15 millones de peruanos que usan el transporte terrestre con tarifas aéreas similares a las que lanzará utilizarían la nueva compañía, pudiendo trasladarse de Lima a Trujillo por unos 25 euros.
El contrato de asociación público-privado duraría sesenta años y el sector privado participaría en el diseño, organización, financiamiento, operación, mantenimiento de ALPERU y de las aeronaves, lo que implica que asumiría gran parte de los riesgos inherentes, según se definirá en el contrato que firmaría el Estado peruano con esos inversores. Se ha definido también que la kutad de los derechos de tráfico del Perú serán de su nueva línea aérea de bandera. En los últimos veinte años LAN Chile (hoy Latam Airlines) y la centroamericana TACA y la colombiana Avianca (hoy fusionadas bajo este último nombre) disfrutaron del 100 por ciento de los derechos de tráfico del Perú a nivel internacional y ventas de más de 50.000 millones de dólares, sin aponas invertir en el país y con apenas activos en sus filiales locales, estando Avianca en riesgo de desaparecer a raíz de la pandemia.
El dictamen considera que el Estado, mediante el Convenio de Estabilidad garantiza los derechos previstos en la Ley a los inversores privados del 65 por ciento o más del capital social de Alperu, que será la línea aérea de bandera de bajo costo designada por el Perú, dentro de una política de libre mercado y le otorgará en forma preferente el 50 por ciento de las rutas aéreas internacionales, frecuencias y derechos aerocomerciales internacionales del país y hasta el 60 por ciento de las no o insuficientemente servidas, promoviendo el crecimiento del mercado, el aumento del turismo receptivo y el desarrollo del comercio exterior, lo que significa que Latam ya no estará sola en el mercado con el 100 por ciento de las rutas que le otorga Chile y el 90 de las que le da el Perú, habiendo más competencia.
Fotografia: El aeropuerto de Lima/ Lima/“Jorge Chávez”.
