Demanda multimillonaria a Uruguay por el cierre de Pluna

Socios privados de la extinta empresa aerocomercial uruguaya  demandan ahora 700 millones de euros, cantidad superior a toda la antigua flota o balances de la misma. Reclamaciones judiciales desde el extranjero contra Uruguay por contratos con errores, decretos o resoluciones oficiales durante las administraciones anteriores han sido una constante en la última década.

Durante  ese periodo y casi semestralmente se presentaron o amenazó con presentar juicios internacionales  involucrando enormes cifras contra el Estado uruguayo por diversos motivos. Desde grandes y cuestionadas explotaciones minerales nunca iniciadas por particulares, tras perder el valor el hierro aparentemente existente en una zona determinada, leyes anti tabaco, instalaciones papeleras en cursos fluviales compartidos, costosas plantas regasificadoras no concretadas, etc.

La extinta Pluna clausuraba intempestiva pero legalmente actividades en julio de 2012, agilizada su decadencia por internas oficialistas del momento, el Estado era titular solamente de un 25% de las acciones, aunque garantizaba el 75% del capital correspondiente a la nueva flota  de aviones CRJ 900 propuesta  por el capital privado, Leadgat,  insolventes pocas semanas antes de la quiebra, luego de que la regional canadiense Jazz (incorporada por estos socios privados al negocio 18 meses antes) abandonase el emprendimiento.

Tras asumir integral y provisoriamente la titularidad de Pluna, el directorio, ya entonces totalmente estatal, de Pluna firmaba un acuerdo con los ex socios, estableciendo la imposibilidad de juicios civiles o similares entre las partes, lo que los distintos gobiernos uruguayos han cumplido hasta la fecha, fuera de los procesos penales que sí han llevado a diversos integrantes de Leadgate tras las rejas hasta hace un tiempo, sin que procedieran ulterioridades financieras de cualquier tipo.

Larah, una empresa panameña que adquiere acciones en la ya decadente Pluna S.A. tras un acuerdo discreto con Leadgate, pretende continuar las acciones intentando obtener cualquier tipo de beneficio, presumiblemente en acuerdo con los controvertidos accionistas anteriores.

El grupo que ahora pretende juzgar al actual gobierno uruguayo (el cual, pese a ser de otro signo de forma poco comprensible, declaraba secretos los antecedentes de todo planteo judicial respecto a Pluna en marzo pasado) vuelve a colocar a Uruguay frente a un organismo dependiente del Banco Mundial, el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi), que carece de funciones mediadoras, por ejemplo.

Las partes ya eligieron a los estudios que los representan. Uruguay recurrió a Foley Hoag, el mismo de los casos Phillip Morris, la papelera Botnia y  la minera Aratirí (este último aún pendiente de resolución), mientras que Larah designó a tres: el uruguayo Ferrere (también contratado por Aratirí y consultor habitual estatal durante la presidencia de Jose Mujica), Dechamps International Law (con sede en Londres y Buenos Aires) y Freshfields Bruckhaus Deringer (de Nueva York).

No se descarta investigar implicancias de abogados estatales y anteriores autoridades en estos constantes errores letrados, dada la cantidad de alternativas judiciales que el país ha debido soportar en corto tiempo ,que pueden hacer presumir negligencia dolosa o complicidad con costosos bufetes nacionales e internacionales de  profesionales y jerarcas salientes, o cualquier otro tipo de posible contubernio. (Javier Bonilla)

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