Sorpresa y perplejidad: en España no dimite nadie

El sector del turismo en bloque exigió una rectificación inmediata o la dimisión del incompetente ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien lo había calificado de «estacional, precario y de bajo valor añadido», reclamando al presidente Sánchez que ponga orden en el Ejecutivo. La Mesa del Turismo -que reúne a medio centenar de empresarios y profesionales- lamentó que «un ministro de España se pronuncie con tanto desprecio sobre un sector que lidera el ‘ranking’ mundial de competitividad turística, según el Foro Económico Mundial». El Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos reiteradamente arremete contra ese negocio, sin comprender su importancia y transversalidad para la economía.

Se considera inaceptable que el ministro demuestre semejante desprecio y desconocimiento sobre un sector que es puntero a nivel internacional y de reconocida referencia del I+D aplicado a su ámbito. Lejos de dimitir, pocos días después abrió una nueva brecha anunciando que su Ministerio de Consumo interpondría una acción judicial “contra al menos 17 aerolíneas”, relacionada con una presunta información facilitada a los viajeros sobre sus derechos ante la cancelación de vuelos, citando a varias. Iberia e Iberia Express, mencionadas por Garzón, informaron correctamente a los clientes, incluyendo la posibilidad de reembolso del importe de sus billetes.

La peor crisis humanitaria, socio-sanitaria y económica de los últimos setenta años y la peor en la historia de la aviación, en un escenario en el que los gobiernos adoptaron restricciones de entrada o limitaciones drásticas, han puesto a las aerolíneas en quiebra, sin ninguna compensación, ni ayuda, excepto la laboral a la que han accedido todos los sectores, Iberia flexibilizó las condiciones de sus tarifas, con el 90 por ciento de la plantilla afectada por un ERTE de fuerza mayor y la mayoría de la flota en tierra, pero ha mantenido una conectividad básica en nuestro país y realizó 80 vuelos con material sanitario desde China y unos 40 para repatriar en torno a 10.000 personas, sin obtener ningún beneficio económico y con un enorme esfuerzo personal por parte de todos los empleados involucrados. No es para menos que haya mostrado su perplejidad por la iniciativa del ministro de Consumo, que supone unos efectos muy perjudiciales para su reputación, situación económica y posibilidades de superar la parálisis actual.

Esto se une a las contradicciones continuas entre los miembros del ejecutivo sobre la fecha de inicio de la llegada de extranjeros y sobre la movilidad de los españoles, que hacen imposible planificar la apertura de los hoteles y las ventas de las compañías aéreas, en lo que tiene mucho que ver el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que supuestamente trabaja en establecer rutas seguras, tanto con otros países como en España, y para fijar puntos de entrada al país. Su cartera se ha demorado incomprensiblemente en la norma que fijará los protocolos de higiene y prevención a seguir por  aeropuertos, aerolíneas y viajeros. Y las ayudas al turismo y al transporte no llegan. ¿Será que todo el Gobierno ha asumido las aberraciones de su ministro de no consumo?

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