Finalmente, y como se preveía, el Poder Judicial de Uruguay decretó el concurso de la efímera y cuestionada aerolínea Alas Uruguay, conformada por los ex sindicalistas de la clausurada Pluna, tras un intempestivo y desordenado cierre decretado por el entonces presidente José Mujica, apresurado tras duras internas políticas dentro del oficialismo.
Durante casi 4 años los ex gremialistas de Pluna estuvieron recibiendo, de forma inusual, un seguro de desempleo, que, por lo general, solo cubre los 6 meses posteriores al cese de actividades empresariales, en medio de numerosas polémicas al respecto, hasta que el gobierno concedió poco más de 15 millones de dólares, en un préstamo blando y de bajísimas exigencias, a través del denominado Fondo Nacional para el Desarrollo (Fondes), que el mismo Mujica había creado para sostener empresas politicamente afines y de dudosa viabilidad. Al mismo tiempo , fue citada la Junta de Aeronáutica Civil a sesión extraordinaria en las próximas horas acerca del tema.
Se arrendaron a un lessor, mientras se desarrollaban largos trámites de certificación frente a la autoridad aeronáutica, dos aeronaves 737/300W ex Ukraine International, al tiempo que se reservaba otro, cuyos altos precios de leasing- en la epoca, negados por los integrantes de Alas Uruguay (incluso procesando judicialmente a periodistas que lo publicaron) ,y hoy admitidos, simultáneamente con acusaciones veladas de ex jerarcas de la firma a funcionarios gubernamentales de "sugerirlos para facilitar el dinero"- coadyuvó a los rápidos números rojos de la empresa. También se realizó una ostentosa campaña publicitaria, cuya escasa estrategia de medios- desobedeciendo a su propia agencia publicitaria- se basó en insertar anuncios en medios televisivos o escritos que pudieran ser críticos con el proyecto o que lo hubieran sido, como se observó en el propio Parlamento , cuando el diputado opositor Rodrigo Goñi condujo una sonada interpelación al respecto, en la cual se hicieron evidentes los diversos errores administrativos de la compañía y de los últimos gobiernos uruguayos en relación a la misma, desoyendo reiteradamente a sus mismos técnicos respecto a suspender la concedida línea de crédito por imposibilidad de repago de la misma y desprolijidades varias. Se designó síndico, perito contable y se convocó a la respectiva Junta de Acreedores para el próximo mes de noviembre, tras la pronta publicación de la misma en el Diario Oficial, en forma gratuita, por carencia de fondos para costear los anuncios.Se estiman las deudas en cuestión en unos 22 millones de dólares, con escasísimas posibilidades de cobro, inclusive y mínimamente parcial. (Javier Bonilla)