El Gobierno español estudia colocar más de 1.200 millones de AENA en bolsa

El Gobierno sacará a Bolsa hasta un 30 por ciento de AENA (Aeropuertos Españoles y Navgeación Aérea), para ingresar alrededor de 1.200 millones de euros y asegurarse el éxito en la privatización de ese ente, proyecto en el que trabaja para ceder a inversores privados la mayoría de la empresa gestora de aeropuertos. Según el esquema propuesto por la propia empresa, en su nuevo accionariado quedaría el Estado como accionista principal, con una participación inferior al 51 por ciento. Su posición sería acompañada por un núcleo estable de entre tres y cinco grandes socios, que controlarían un 30 por ciento, mientras que el capital restante se diluiría entre inversores institucionales, como fondos de inversión y minoristas.

AENA, perteneciente al Ministerio de Fomento, ha recibido una respuesta positiva del Comité Consultivo de Privatizaciones (CCP) a este esquema básico con el que emprendería la operación, que según la agenda original, está prevista para la primavera del año que viene. La empresa presidida por José Manuel Vargas toma como referencia otros grupos aeroportuarios europeos, como Fraport o Aéroports de Paris (ADP) para estimar su valor en 16.000 millones de euros. No obstante, hay que tener en cuenta que debido a la inversión en nuevos aeropuertos regionales y a la ampliación de otros, como Barajas o El Prat, carga con una deuda cercana a 12.000 millones. Aunque el Gobierno llegó a indicar que la privatización se adelantaría al presente otoño, ha evitado comprometerse.

La reciente bonanza de los mercados financieros y el cambio de opinión sobre la economía española que, aparentemente, han experimentado los inversores internacionales podrían animar al Gobierno a dar luz verde a una privatización que representaría toda una prueba de fuego sobre esa confianza en el cambio de ciclo económico. De hecho, si decide seguir adelante, el Consejo de Ministros debería hacer una importante concesión a los inversores, como es quedarse por debajo del 51 por ciento del capital. Actualmente, el Gobierno está autorizado a privatizar un máximo del 49 por ciento, pero desde que comenzó a sondear el interés de posibles inversores detectó que ninguno de ellos estaba dispuesto  a aumentar sus participaciones en el accionariado, de manera que no alteren el equilibrio de su núcleo duro.

Ahora estos inversores podrían replantearse su interés por el gestor de aeropuertos, que no obstante impondrá sus contrapartidas. Para todos los inversores, la primera es un modelo aeroportuario de gestión en red, es decir, con Barajas como eje central de la infraestructura en España. Para los socios de referencia, las exigencias crecerán. A un modelo de negocio en el que los grandes aeropuertos rentables sostendrán una red que, hoy por hoy, es deficitaria, AENA añadirá la obligación de permanecer durante un periodo mínimo de tiempo. En el lado contrario de esta balanza está la difícil situación que atraviesa Barajas.

La crisis de su principal cliente, Iberia, la debilidad de la demanda y de Madrid como destino turístico tienen al mayor aeropuerto de AENA operando a tan solo un 60 por ciento de su capacidad. La falta de tráfico ha movido a Fomento a rebajar las tasas con las que había despertado el interés de los inversores para atraer más aerolíneas a los aeropuertos españoles. Ferrovial  sólo analizará la operación de privatización de AENA si puede  ser socio industrial, y no sólo financiero, del operador de aeropuertos españoles.

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