El aeropuerto de Murcia/Corvera sigue paralizado

Murcia/Corvera no sería más que un nuevo símbolo del despilfarro, si no fuera por la guerra judicial (y hasta policial) que mantienen el Gobierno regional y la concesionaria Aeromur. A diferencia de otros aeródromos españoles sin aviones, como Castellón y Ciudad Real, allí no se sabe siquiera quién es el propietario real, quién lo explotará en caso de que se inaugure alguna vez y quién asumirá los más de 200 millones que se han enterrado en esta infraestructura. La guinda de este enfrentamiento se ha producido en la última semana de septiembre ante el intento de toma de posesión de las instalaciones por parte del Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel, con ayuda de la Guardia Civil, mientras que el personal de la concesionaria, liderada por Sacyr, se atrincheraba en el interior.

Un auto judicial de urgencia impidió esa toma y autorizó solo a las autoridades regionales a realizar un inventario de equipos, mientras la empresa presentó una denuncia ante un juzgado de guardia por un presunto delito de coacciones. La propiedad del aeropuerto siempre fue de la Región de Murcia y se trata una concesión sobre la explotación y el nuevo ganador que resulte del concurso se hará cargo de la explotación, según señalan en la Consejería de Obras Públicas, pero el futuro mismo del proyecto está en los tribunales. El Ejecutivo autónomo rescindió el pasado 13 de septiembre el contrato a la concesionaria –integrada, además de Sacyr, por BMN, Sabadell-CAM, Cementos Lacruz y Montoro e Hijos— alegando el abandono del proyecto y el incumplimiento de la apertura el 28 de julio de 2012, tal y como se comprometieron cuando firmaron la financiación con los bancos.

Si el Gobierno no se aviene a negociar una solución, Aeromur recurrirá judicialmente esta rescisión y solicitará una indemnización por daños y perjuicios, según fuentes cercanas a Sacyr. Por su parte, el Ejecutivo también va denunciar a Aeromur y le pedirá un resarcimiento. Ésta alega que siempre ha tenido la intención de abrir el aeródromo, pero la viabilidad económica se complicó por la caída de la demanda y el aumento del coste, al asumir gastos no previstos, como el de la gestión del tráfico aéreo. El Gobierno murciano tiene intención de convocar un nuevo concurso cuanto antes para que la instalación este abierta en 2014, según la Consejería. Pero esa adjudicación llevaría entre seis y nueve meses que, unido al plazo de los trámites administrativos, no permitiría la apertura del aeropuerto hasta finales de ese año como mínimo, indican fuentes de las empresas.

Las mismas fuentes señalan que habrá pocos candidatos dispuestos a presentarse a ese concurso en pleno conflicto judicial, y que la verdadera intención del Gobierno de Válcarcel, del Partido Popular, es pactar con el Ministerio de Fomento que AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) se haga cargo de la infraestructura. El 30 de septiembre, el presidente murciano se reunió con el presidente de ese ente, José Manuel Vargas, para cerrar definitivamente el traslado de los vuelos civiles de San Javier (donde AENA se acaba de gastar 70 millones de euros en la nueva terminal, donde el tráfico se ha desplomado desde 2008 de 2 a 1,2 millones de pasajeros anuales) a Corvera, a 35 km. uno de otro.

Aeromur solicitó en junio de 2012 una revisión del contrato, de cara al restablecimiento del equilibrio económico-financiero, que le fue denegada. Tampoco se activó el acuerdo para traspasar el tráfico civil de San Javier, como pedía. El meollo del conflicto es la financiación del proyecto y quién asumirá esta inversión, por el momento fallida. Ante las dificultades por las que atravesaba el proyecto y las reticencias de los bancos acreedores, el Gobierno regional tuvo que presentar en 2011 un aval de 200 millones de euros para asegurar la continuidad de las obras. La concesionaria presentó el 19 de septiembre el mal llamado “preconcurso” de acreedores y los bancos (Caixabanc, Espirito Santo, Caixa de Tarragona, Caja Segovia, Cajasol, ICO y Caja de Tarragona) pueden ejecutar ese aval en cualquier momento.

El Consejo de Gobierno autorizó una operación de crédito para hacer frente a esa eventual ejecución, ante el probable incumplimiento de las responsabilidades contractuales de Aeromur, convirtiendo el aval en un préstamo, pero la dificultad ahora es que, al estar la región intervenida -ha tenido que pedir auxilio al Fondo de Liquidez Autonómica- ese endeudamiento adicional deberá contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que deberá explicar a Bruselas su respaldo a un proyecto faraónico para una zona que ya dispone de un aeropuerto recién remozado y cuya demanda no justifica la construcción de otro nuevo. La guerra judicial entre el Gobierno de Valcárcel y la concesionaria deja sin gestor, ni futuro, al nuevo aeródromo, que ha costado más de 200 millones

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