Islas Airways, una quiebra con mayúsculas: 48 millones de euros de situación patrimonial negativa

Islas Airways, ante su insostenible situación económica y financiera, a la que sólo condujeron sus propios gestores, pidió en octubre de 2012 un cese temporal de sus licencias para volar, pero, sorprendentemente, se encuentra actualmente elaborando un informe que pretende subsanar las discrepancias comunicadas por la AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea), de cara a su reactivación. Con las circunstancias que se apuntan en este reportaje, sería incomprensible que la Administración lo permitiera.

La administración concursal de Islas Airways, Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) considera que el activo total, a valor de mercado, asciende a 47.198.714,25 euros con fecha de 2 de mayo de 2013 y el pasivo exigible de la masa, incluida la deuda subordinada, en el momento de la declaración del concurso sube a 93.701.070,7. Los créditos contra la masa contraídos durante la tramitación judicial suman 1.083.449,84, con lo que el pasivo exigible total a la fecha de su informe al Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santa  Cruz de Tenerife (en el marco del procedimiento ordinario 88/2012) era de 94.784.520,54. La situación patrimonial es negativa, por tanto, en 47.585.806,29 euros.

Sumando en la lista de acreedores, los créditos con privilegio especial son 4.063.145,13 euros; con privilegio general, 6.444.016,38; los ordinarios, 75.694.488,12; y los subordinados, 7.499.421,07; un total de 93.701.070,7, existiendo otros contingentes por importe de 3.834.105,11. Además la empresa tiene acreedores con créditos contingentes, pendientes de resolución, por un importe aproximado de 4.942.782,33 euros.
Sin embargo, Islas en la demanda de concurso no aporta ninguna propuesta de viabilidad. Sí ha presentado uno a AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), dependiente del Ministerio de Fomento, por un plazo temporal de 12 meses, en cuya corta proyección no contempla el pago de las deudas anteriores al concurso. En el plan que ha enviado a Madrid ni menciona esa situación patrimonial de insolvencia real, ni mucho menos un plan para satisfacer a sus millonarios acreedores. La aerolínea ni siquiera es propietaria de algún inmueble.

Insolvente
Esta empresa fue declarada en situación de concurso voluntario de acreedores de carácter ordinario mediante auto de 14 de diciembre de 2012, en virtud de la solicitud presentada el 31 de octubre. La situación de insolvencia se deriva, según los administradores concursales, de las deudas heredadas cuando el Sociedades Agrupadas Canarias (SOAC), SL, la adquirió –sin que nadie le obligara y, si la compró engañada no se entiende que no emprendiera las acciones que correspondían–, pues llevaba entonces unas pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio 2005 de 8.742.289,68 euros.
A esto hay que añadir que cubría rutas deficitarias y que existía una desorganización generalizada al momento de entrar el nuevo socio, que condujo a un cambio radical en la cúpula directiva, que no parece que fuera mucho mejor, pese al notable e inexplicable apoyo público de la Comunidad Autónoma que recibió.
Para colmo de su situación, en 2011 se produce una grave denuncia contra esa compañía por fraude flagrante en el cobro del descuento de residentes (se pedía la liquidación como si los billetes fueran de plena tarifa), de tal gravedad que se remitieron las actuaciones a la fiscalía, produciéndose el definitivo punto de inflexión que termina con el cese de sus operaciones, que según su propietario es temporal.
Haciendo un poco de historia, el 17 de octubre de 2005 es la fecha en la que Sociedades Agrupadas Canarias adquirió el 100 por ciento de las acciones de Islas, que se había constituido, por cincuenta años, el 7 de septiembre de 2001. El capital social se fijó inicialmente en 70.000 euros y la escritura se inscribió en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife.
En el momento de la constitución de la empresa el Consejo de Administración estaba presidido por un exitoso canario emigrado a Venezuela, Francisco Victor González Yánez, que ya tenía en el país sudamericano una aerolínea regional y que asumió el cargo de presidente. No fueron muy bien las cosas y el hábil González Yánez consiguió engatusar a otro canario, Miguel Concepción Cáceres, al que se le atribuye una especial relación con el presidente de la Comunidad Autónoma, Paulino Rivero, para que le comprara Islas Airways.

Concepción compra
Por acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas del 17 de octubre de 2005, se nombró a Concepción como presidente y consejero delegado; a Isidoro Sánchez García como vicepresidente; Verónica Concepción Rodriguez como secretaria; y Francisco Victor González Yánez como vocal. Menos de un año le duró la ilusión al que algunos llaman “el empresario de Paulino Rivero” e intenta que la familia Armas comparta el alto riesgo de su negocio aéreo.
Fruto de algún acuerdo accionarial que nunca se materializó, el 4 de mayo de 2007 renuncian Isidoro Sánchez y Francisco Victor González Yánez y se nombra como vocal a Eloísa Concepción Rodriguez. Sólo tres días más tarde se forma un nuevo Consejo de Administración con Miguel Concepción Cáceres (presidente), Antonio Armas Fernandez (vicepresidente), Alfonso Betancort Aguado (Secretario) y Verónica Concepción Rodriguez y Antonio Armas Mead como vocales. El 13 de junio de 2007 dimiten los dos Armas y Betancort Aguado, aparentemente espantados por la situación, y vuelve el Consejo a estar integrado por las personas que había el 4 de mayo.
El 18 de octubre de 2012, en una dramática situación, como si fuera un vuelo en picado y sin control y, seguramente, para proteger frente a responsabilidades mercantiles a sus allegados, cesan todos y se nombra como administrador único a Miguel Concepción, que otorga poderes para diversos temas a Francisco Antonio Luis Gonzalez, Francisco de Asís Sanchez Jordán, Juan Pablo Sánchez Jordán, Antonio Matías Concepción Cáceres, Verónica Concepción Rodriguez, Francisco Victor González Yánez, Milagros Lorenzo Sicilia, Eloísa Concepción Rodríguez, Pedro Ramón Martín Luis y Antonio Concepción Cáceres.

El capital, como los aviones: en el suelo
La evolución del capital social es un fiel reflejo del panorama que se ha vivido. Así, el18 de julio de 2002 se aumentó el inicial a 1,15 millones de euros; el 1 de septiembre de 2004 a 2,88; el 23 de noviembre de 2004 a 4.380.400 euros; el 31 de mayo de 2005 a 11,88 millones, mediante la compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles, y simultáneamente una reducción de 10.055.570,56, quedando en 1.824.829,44, para compensar pérdidas.
El 5 de octubre de 2005 se aumentó de nuevo a 3.649.658,88 euros; el 16 de enero de 2006 a 6.899.650,56; el 26 de diciembre de 2006 a 11.899737,76; y el 9 de abril de 2007 a 12.741.611,52. El 21 de diciembre de 2007 se ve obligada a reducir el capital a cero para compensar pérdidas y después ampliarlo a 7 millones, para evitar entrar en causa de disolución; el 10 de marzo de 2008 se aumenta a 9.000.824; el 21 de junio de 2008 se reduce nuevamente en 4.790.400 y se eleva en 1,65 millones; el 27 de octubre de 2008 pasó a 9.083.000; el 3 de febrero de 2010 se rebaja en 7,92 millones y se amplía en 836.000 euros; el 29 de marzo de 2011 se recorta en 1,5 millones y se queda en sólo medio millón de euros.
Según los administradores concursales, posiblemente la situación de insolvencia pudiera estar más bien derivada de una insuficiencia de recursos financieros y de un excesivo grado de dependencia financiera del resto del grupo SOAC, cuya matriz también se encuentra en situación de concurso de acreedores. La sociedad es unipersonal, teniendo como único socio a Sociedaes Agrupadas Canarias, SL, de la que dependen Islas (100 por ciento), Construcciones y Transportes Perez Poza (99,14), Gestión de Medios Audiovisuales de Canarias (100), Viajes Guay (100), Producciones Radiotelevisivas Taburiente (100), Centro Médico Tinabana (50), Transformaciones y Servicios (90), Tryel Áridos y Construcciones (90), Agronaos (88), Elove 2000 (90), Telecanal 4 Tenerife (90) y Tenerife Siglo XXI FM Radio (85).
El estrangulamiento económico a la que se vio sometida Islas propició que, aun teniendo concedidos aplazamientos de su deuda con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, se encontrara en la imposibilidad de cumplir los compromisos que alcanzó. Esta situación ha motivado que a los ficheros que contienen el importe de las bonificaciones por los descuentos de residentes de los meses de julio de 2012, mayo 2012 y junio 2012, a pesar de encontrarse endosado a entidades financieras, les hayan sobrevenido un embargo.
En julio 2012 ocurrió otro hecho significativo que mermó las ventas: el corte del sistemas de reservas Amadeus, que es el que emplean el 95 por ciento de las agencias de viajes de Canarias a la hora de reservar o comprar un billete. No afrontó el pago que correspondía y perdió así uno de los canales de comercialización sobre el que se sustentaba, con una disminución inmediata de pasajeros.

Una aerolínea haciendo aguas

El incremento del precio del combustible, de las tasas aéreas y de los servicios de “handling” complicó todavía más la situación. A ello se añadió una huelga encubierta de pilotos, al deteriorarse la situación laboral, en demanda del cobro de sus salarios. El 9 de octubre los aviadores de la compañía no se presentaron a los vuelos programados alegando causas de enfermedad, llevando a cancelar y acoplar las líneas y obligando a planificar un cese temporal de operaciones.
En septiembre  de  2012  se iniciaron negociaciones tendentes a la trasmisión de las aeronaves matriculadas como EC-KKZ, EC-KNO y EC-KUR, enviándose al aeropuerto de Toulouse/Francazal el 30 de septiembre de 2012 la segunda, ya que era la que tenía las negociaciones de venta más avanzadas por parte del propietario y porque le quedaban pocos ciclos de motor para operar, antes que hubiera que pararlo de forma definitiva para realizar las tareas de mantenimiento requeridas.
El envío del avión se realizó de cara a que el posible comprador y la ECA (Export Credit Agency) fueran practicando la revisión de la documentación y la inspección técnica. Fue estacionado en virtud de un contrato con Atlantic Air Industries, aunque en la actualidad el avión sólo está en manos de Islas, hasta que el propietario inicie los trámites para recuperar la posesión del mismo en base al incumplimiento de los contratos.
El 8 de octubre de 2012, la aerolínea puso en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación y obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Una semana después se presentó en el registro a la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) la comunicación de cese temporal de las operaciones de tráfico regular.
El 25 de octubre de 2012 presentó un Expediente de Regularización de Empleo (ERE), consistente en la extinción parcial de los contratos de trabajo de 213 trabajadores, de los 241 que conformaban la plantilla, por causas económicas. El 30 de octubre se tomaron las decisiones de revocar los acuerdos de ampliación y reducción de capital adoptados en el Junta General celebrada el 5 de julio de 2012, por haberse hecho sobre la base de un balance cerrado y auditado a 31 de diciembre de 2011, no reuniendo, los requisitos exigidos por la Ley de Sociedades de Capital.
Como consecuencia, se decide suscribir sendos préstamos participativos por el importe de las deudas contraídas con SOAC y con Transformaciones y Servicios, cuya cuantía asciende a 784.790,15 y 3.537.881,56 euros, respectivamente. En todo caso, la mayor parte de la documentación contable y mercantil la ha presentado fuera de plazo.

Deudas supersónicas

Entre los acreedores destacan Bankia, Santander, BBVA, Caixa Bank y Caixa Catalunya (50 millones), la Dirección General de Aviación Civil (8,5, por reintegro de subvenciones), la Seguridad Social (6,9), la Agencia Tributaria (5,12), Eurocontrol (1,7), GA Finance Capital (1,6), EADS SECA (1,4), Atriam Capital (1,35, por alquileres), Groundforce (1,33), Pratt & Whitney Canada (0,96), Amadeus (0,72), CEPSA (0,69), AENA (0,44), Finnair Iberia (0,3), Cimber Air (0,18) y ATR (0,16).
Las operaciones de tráfico y de financiación llevadas a cabo con otras empresas del grupo son: facturación recibida por Islas de SOAC entre 2009 y 2012, 829.217 euros y emitida por 7.861; de Transformaciones y Servicios (Traysesa), 1.100.015,69 y 2.937,25, respectivamente; de Telecanal 4 Tenerife, 50.057,52 y 2.810,28; de Viajes Guay, 461.500,93 y 194.325,84; y de Producciones Radiotelevisivas Taburiente, 24.178,13 y 1.146,77. Hay reconocimiento de las deudas contraídas con SOAC y Traysesa por 784.790,15 y 3.537.881,56, respectivamente, en préstamos participativos formalizados el 30 de octubre de 2012 y aparte tiene otro préstamo con Traysesa por 1.311,59.
En todos los informes de auditoría que  existen sobre Islas existe la salvedad de que no se ha incorporado en sus cuentas anuales la parte proporcional de todas y cada una de las partidas del balance y cuenta de pérdidas y ganancias en proporción a su porcentaje de participación en las tres uniones temporales de empresas, en contra del nuevo Plan General de Contabilidad. La empresa ha optado por aplicar únicamente el 20 por ciento de los resultados de las tres, reflejándolos en los epígrafes de otros gastos e ingresos de gestión corriente.
En este entramado, mediante auto de 18 de enero de 2013, con número de procedimiento 98/2012, Transformaciones y Servicios, SL, fue declarada también en situación de concurso voluntario, acumulándose al de Islas para su tramitación coordinada, pues SOAC, es la matriz de un grupo que presenta cuentas consolidadas y ostenta el 100 por ciento de la primera y el 90 de la segunda.

El fraude en el descuento de residentes
La denuncia sobre el presunto fraude en los descuentos de residentes derivó al retraso en el pago de las cantidades aplicadas por en concepto de bonificaciones al transporte aéreo, causando un colapso absoluto, ya que significaba aproximadamente la mitad de sus ingresos. El pasado mes de mayo el Ministerio de Fomento pagó 6.837.877,41 euros (incluida la retención cautelar) correspondientes a los ficheros de septiembre de 2011 a febrero de 2012. Entre los meses de junio y agosto abonó agosto de 2011, marzo y abril de 2012.
Estas cantidades estaban endosadas a las entidades financieras y, por tanto, los gastos por este concepto asumidos se han incrementado notablemente. Obviamente, ante la situación descrita, los bancos no adelantaron el importe de la bonificación. A lo largo de agosto y septiembre de 2012, el Ministerio siguió reteniendo el importe de las bonificaciones. Sigue pendiente de liquidar los meses de mayo y junio de 2011 por 4 millones de euros.
Se solicitó una nueva comprobación en julio de 2011 por 719.885,11 euros (la retención cautelar ha sido aplicada y cobrada por el Ministerio), un faltante de la resolución de julio de 2011 por 114.735,5 (Fomento ya ha solicitado y cobrado la retención cautelar), liquidación de mayo de 2012 por 1.031.564,07 (aplicada y cobrada la retención), la de junio de 2012 por 1.102.977,67 (aplicada y cobrada), la de julio de 2012 por 892.351,25 y la de agosto por 821.940,67 (se ha descontado la provisión).  
Todo  esto  hace  un total de aproximadamente 9 millones de euros, de los cuales endosados a las entidades financieras existen aproximadamente 5 millones. Faltaría incluir septiembre y octubre de 2012, que todavía Islas se encuentra preparando con su habitual ineficiencia. Con respecto a las medidas cautelares, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ha cobrado 4.156.015,89 euros de los 4.616.507 que se recogen.

Autor: Francisco Carvajal

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